La Ley de Carreteras impide soterrar dos kilómetros de cables eléctricos en Sóller

El Camí de Can Carol.

I. CabrerSóller24/02/23 0:29
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Los informes técnicos del Consell de Mallorca no permiten que la compañía eléctrica Vall de Sóller Energía soterre las líneas de alta tensión que cuelgan en calles y huertos, ahora que el Ajuntament inicia las obras para canalizar aguas y alcantarillado. Algunos de estos cables atraviesan por encima de parcelas con aljibes y piscinas que los vecinos construyeron con posterioridad al tendido. La situación es una deriva de la normativa autonómica. Por un lado, la ley no permite que las líneas eléctricas de nueva creación sean aéreas. Se pretende así evitar el impacto visual y un daño medioambiental.

Esta exigencia es mayor aún en los parajes de la Serra de Tramuntana, declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por otra parte, las líneas antiguas que se quieran soterrar en las carreteras, ocupando el subsuelo del dominio público, deberán alejarse como mínimo tres metros del borde de la vía, o a uno en casos muy excepcionales. La situación que ahora se manifiesta en Sóller forma parte de las restricciones que indica el artículo 33 de la Ley de Carreteras. La compañía eléctrica presentó al Consell dos expedientes, que han sido denegados. Uno interesa a la zona de Can Rave, y el otro a la de Estiradors de Sant Jaume, donde hay líneas aéreas que se encuentran «al final de su vida útil», según la empresa.

Unos treinta apoyos

Entre ambos proyectos suman un total de dos kilómetros que dejarían de atravesar por calles y huertos del municipio, así como a una treintena de apoyos que podrían ser desmantelados. Pero la negativa del Departamento de Carreteras a dejar actuar en 400 metros de su competencia impide la ejecución del proyecto.

De hecho, todas las respuestas del organismo insular han sido negativas, a pesar de que la compañía eléctrica ha solicitado sin éxito la intermediación de otros departamentos del Govern y del propio Consell. Los informes señalan que el Ajuntament se haga cargo de recepcionar la calzada afectada por las obras y de su posterior mantenimiento, lo que evitaría, de ese modo, que el Consell tuviera que pronunciarse. Pero el Ajuntament de Sóller no parece dispuesto a esa solución porque perjudicaría los intereses económicos del municipio.