En octubre de 2020 entró en funcionamiento el parque solar de Son Corcó, en Consell, el primero de Baleares que volcaba electricidad en la red desde 2012. Yllanes y su equipo visitaron en 2021 la planta, de 3 hectáreas. La que se tramita en Mainou, muy cerca, ocupará 60.

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Organizaciones agrícolas y ecologistas de Mallorca han lanzado una petición unánime al Govern para que frene la avalancha de solicitudes para crear grandes parques fotovoltaicos en suelo rústico que se están tramitando en Mallorca actualmente. Las entidades apuntan que en estos momentos son 60 proyectos solo en Mallorca, diez de los cuales –los de mayor envergadura– ocuparían 3,5 kilómetros cuadrados de terreno agrícola y forestal.

Los grupos movimientos ecologistas Amics de la Terra, el GOB, la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica, Extintion Rebelion, Fridays for Future y Terraferida, además de la agrupación de agricultura y ganadería ecológica de Mallorca, APAEMA, critican que la proliferación de proyectos fotovoltaicos en el campo «está empeorando la delicada situación de la actividad agraria al añadir una nueva presión sobre el territorio, hasta el punto de que algunos payeses se han visto obligados a dejar las tierras que cultivaban porque sus propietarios las alquilan para construir estos parques».

Moratoria inmediata

Agricultores y ecologistas consideran que declarar estas iniciativas como «proyectos industriales estratégicos por parte del Govern reduce el procedimiento administrativo y lamentan que «esta situación se está produciendo con el beneplácito de ayuntamientos, Consell de Mallorca, direcciones generales de Industria y Energía, y desgraciadamente también de Agricultura». En este sentido, piden que se apruebe una modificación del Pla Territorial de Mallorca que establezca dónde se tienen que implementar estas plantas fotovoltaicas incentivadas por las cuantiosas subvenciones europeas y estatales que reciben.

También exigen una moratoria inmediata de nuevas centrales solares en suelo rústico. «En las últimas semanas hemos visto cómo fincas emblemáticas de toda la Isla sustituirán sus usos agrarios para instalar proyectos fotovoltaicos». Entre ellas destacan Mainou, en Consell (52 ha de paneles solares); el parque a los pies del Puig de Santa Magdalena de Inca y parte de Selva (50 ha y ahora en suspenso); Son Danús, en Santanyí (20 ha) y Son Serra, en Palma, además de proyectos superiores a 4 hectáreas en Marratxí, Muro, Santanyí y Llucmajor. «Se está haciendo un cambio de uso del suelo, de agrario a industrial, sin ninguna planificación territorial ni económica y sin medir los impactos ambientales de forma rigurosa», dicen ecologistas y agricultores.

Medidas pioneras

La Conselleria de Transició Energètica recuerda que en las Illes Balears no se aplica el real decreto ley que facilita la tramitación de estos proyectos. «Aquí exigimos el trámite ambiental y la exposición pública del proyecto, aunque no estemos obligados a ello», apuntan desde el gabinete de Juan Pedro Yllanes. «No es nuestra prioridad utilizar el suelo rústico, en todo caso, las consellerias de Transició Energètica y de Agricultura nos coordinamos en una instrucción pionera en toda España para exigir medidas compensatorias: si se ocupa suelo rústico, siempre de bajo nivel comprobado por laboratorio, el promotor debe poner en marcha una producción agraria o ganadera de tamaño similar en otra finca; en ningún caso, debe disminuir la producción agraria», apuntan desde la Conselleria.

Respecto al papel que juegan las otras administraciones, cabe señalar que para los parques fotovoltaicos de más de 20 ha son vinculantes los informes de los ayuntamientos y del Consell. En los inferiores a 20 ha, solo es vinculante el informe del ayuntamiento correspondiente. Como ejemplo, destaca el proyecto impulsado por AENA para declarar como estratégico un parque solar en Son Bonet. «El informe del Ajuntament de Marratxí fue desfavorable y, en buena parte, esto influyó en el hecho de que se denegara esta petición», señala el Govern. En el caso del parque de Inca y Selva, ambos ayuntamientos informaron favorablemente.

Punto de vista
Francesca Marí

No a cualquier precio

Francesca Marí

A día de hoy, pocos dudan de la necesidad de implementar las energías renovables. Pero para ello hay que tener en cuenta que vivimos en un Isla, un territorio limitado y con años de urbanizaciones desmesuradas. Ante esta situación se entiende que grupos como los agricultores se pongan en alerta ante la proliferación de grandes parques fotovoltaicos en suelo rústico. No se oponen a las renovables, evidentemente, sino que ponen en cuestión donde se ubican estas. Aquí tendría que imperar el sentido común.

El apunte

Cae el parque solar entre Inca y Selva al no cumplir el plazo del trámite ambiental

El proyecto para construir un parque fotovoltaico de 52 hectáreas en terrenos de Inca y Selva no ha logrado cumplir con el plazo establecido para obtener el documento de impacto ambiental (DIA) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y no podrá ser autorizado, al igual que otro en Menorca. Así lo confirma la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern. «El plazo finalizaba el 25 de enero y los promotores no lo han cumplido. Para seguir, estarían obligados a iniciar toda la tramitación desde cero», apuntan desde el gabinete que dirige Juan Pedro Yllanes. El parque solar Fenix Energy, en los terrenos de Son Vivot, obtuvo informes favorables de los ayuntamientos de Inca y Selva y del Consell de Mallorca, y el 18 de enero el Govern balear lo declaró proyecto industrial estratégico, lo cual permite acelerar su tramitación. El proyecto incluía 74.520 paneles solares, además de nueve centros de transformación, una subestación, un sistema de baterías de almacenamiento y un edificio de control.