Los portavoces de la plataforma de vecinos, con los representantes del GOB Margalida Ramis y Pep Alonso.

La Conselleria de Transició Energètica mediará entre el Ajuntament d’Alcúdia, el GOB y la plataforma de Vecinos de Alcúdia Afectados por el Cable (VAAC), por un lado, y por el otro con el Gobierno central para tratar de buscar un trazado de consenso para la llegada del cable eléctrico desde la Península. Así lo reiteró el director general d’Energia, Pep Malagrava, en la reunión que mantuvo este martes con representantes de los vecinos, del grupo ecologista y del Consistorio, que forman un frente común contrario a la entrada del cable por la bahía de Pollença y a su recorrido por núcleos poblados. «Hemos manifestado nuestras preocupaciones por este proyecto y hemos pedido que se incluya el impacto sobre la salud pública en los informes; la posidonia es importante, pero la salud de las personas no lo es menos; en España la normativa es mucho más laxa que en los países europeos avanzados, y aún así, fija la distancia de estos cables a 200 metros de las viviendas, y resulta que en Alcúdia pasaría a apenas 4 metros de las viviendas», apuntó el portavoz de la VAAC, Sebastià Pujol.

Sin novedad

La mediación del Govern en el conflicto surgido desde que se conociera que, el 22 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros había aprobado conectar la Península con Mallorca con este segundo cable eléctrico, no es nueva. Meses después de que primero el GOB y después el Ajuntament d’Alcúdia, recurrieran el acuerdo del Consejo de Ministros, conselleria y Ajuntament han mantenido varias reuniones a nivel político y técnico para estudiar diversos trazados posibles. Precisamente el hermetismo sobre estas negociaciones fue lo que hizo saltar las alarmas de los vecinos.

El Ajuntament d’Alcúdia estuvo representado este martes por los concejales de Urbanismo, Joaquín Cantalapiedra; y de Medi Ambient, Tomàs Adrover, por parte del equipo de gobierno (PSOE-PI-Més). De la oposición solo asistió José Manuel Aranda (Podemos) quien señaló que «pese a que la Conselleria admite que la decisión sobre el proyecto solo atañe al Gobierno central, al menos se ha abierto un canal directo entre las partes para tratar de propiciar un consenso». El resto de partidos se habían quejado en un pleno de que las reuniones se convoquen en horario laboral.