Las obras del Hotel Formentor no se han llegado a parar. | Junts, Alternativa, Podem.

La oposición del Ajuntament de Pollença (Junts Avançam, Alternativa y Podem) reclama al equipo de gobierno que aplique el decreto de suspensión de las obras del Hotel Formentor, precinte el recinto y sancione a la promotora. Hace ya un mes y medio que el alcalde Andrés Nevado firmó el decreto de paralización de las obras y comunicó a la propiedad la apertura de un expediente sancionador. Lo hizo tras recibir un informe técnico que advertía que la demolición integral del complejo no estaba amparada por las licencias concedidas.

Solo cuatro días después de la firma del decreto de paralización y antes de que la promotora abriera la comunicación de la paralización de la obra, el mismo alcalde firmó un nuevo decreto por el que concedió la licencia de legalización de la demolición. Las obras no han llegado a pararse en la práctica. La oposición lleva tiempo denunciando un presunto incumplimiento de las licencias, pero el regidor de Urbanisme, Tomeu Cifre, sostiene que «la reconstrucción de las estructuras e interiores del hotel ya estaba prevista en la primera licencia que se dio con todos los informes favorables». Desde su punto de vista solo la reconstrucción de las fachadas quedaría fuera de la licencia de reforma y ampliación concedida hace más de un año. La propiedad ha tramitado un modificado del proyecto inicial para obtener una nueva licencia que ampare la reconstrucción de los muros exteriores cuya demolición no estaba inicialmente prevista.

Mientras el regidor de Urbanismo Tomeu Cifre pide a Medi Ambient que acelere la redacción de «el único informe que queda pendiente para dar la nueva licencia», la oposición exige mano dura contra la promotora. «Reclamamos al Ajuntament que aplique el decreto de suspensión, precinte y multe a la propiedad. Hace un mes y una semana que acordó ordenar la inmediata suspensión, advertir de que en caso de incumplimiento en el plazo de 24 horas estas obras se podrían precintar y si la infracción persiste se podrían imponer sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía en cada ocasión del 10% del valor de las obras ejecutadas y en todo caso como mínimo de 600 euros», dicen Alternativa, Junts y Podem.

Recuerdan además que «del incumplimento se debe informar, si cabe, al Ministerio Fiscal a los efectos de exigir la responsabilidad que sea procedente». «A pesar del decreto no se han paralizado las obras como hemos podido comprobar in situ y como también han manifestado las autoridades municipales en las distintas informaciones en prensa. Así hace una semana interpusimos denuncia en el registro municipal reclamando la aplicación del decreto», informan los grupos municipales.

Junts, Alternativa y Podem advierten de otras posibles consecuencias del incumplimeinto de la orden de suspensión como la retirada y el depósito de maquinaria o materiales de obras o la imposición de mutas coercitivas cada mes o cada quince días, a partir de los tres meses.