El regidor de Urbanismo Tomeu Cifre responsabiliza directamente al Consell de la desprotección de centenares de edificios y bienes de interés patrimonial del municipio. La última moratoria de licencia de obras expiró hace tiempo y unos 300 bienes son ahora vulnerables. Asegura que tenía un «acuerdo verbal» con el Consell para que aprobara el catálogo con la prescripción de incluir varias casas de interés patrimonial situadas en la primera línea del Moll que el actual gobierno municipal sacó del texto aprobado provisionalmente, pero la sorpresa fue que (debido a la aplicación de la Llei d'Urbanisme de les Illes Baleares) Patrimoni emitió finalmente un informe de 37 páginas que señala centenares de deficiencias en el documento, algo que según Cifre en la práctica supone tener que «rehacer por completo» el catálogo patrimonial.
Cifre explica ahora que, visto que el informe jurídico advierte de que la demanda no tendrá recorrido, el Ajuntament de Pollença optará por encargar a una empresa que haga de nuevo el catálogo subsanando todas las deficiencias señaladas por la institución insular. Es complicado saber a día de hoy cuándo quedarán finalmente protegidos los bienes patrimoniales del municipio.
Pollença lleva más de veinte años intentando aprobar su catálogo municipal de patrimonio por lo que la posibilidad de suspender provisionalmente licencias de obra en estos momentos es inviable. A falta de catalogación el Ajuntament está obligado a conceder permisos de reforma e incluso de demolición, de cualquiera de los edificios o elementos que hubieran sido incluidos en el catálogo que tumbó el Consell.
La falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas que han gobernado en Pollença en los últimos 20 años ha venido retrasando durante dos décadas la aprovación del texto. La última discrepancia entre el actual gobierno (Tots, UMP, PP y PI) y el anterior (Junts y UMP) se centraba en la protección de los casales de Can Mena, Can Tugores, Ca l’Adroguer y Can Ques. Cifre justifica que en su momento sacó estos edificios del catálogo con un informe del arquitecto municipal «para no tener que indemnizar a los propietarios». «Quedamos en que el Consell nos aprobaría el texto con esa deficiencia y eso nos permitiría incorporarlos después sin que el Ajuntament tuviera que indemnizar», añade. El gobierno actual no quería protegerlos, el anterior sí. Para cuando se alcanzó el «acuerdo verbal» ya había entrado en vigor la nueva Llei d’Urbanisme de les Illes Balears en cuya aplicación se basa el Consell para solicitar rehacer la mayor parte de las fichas del texto.
Junts (en la oposición) carga contra Cifre por haber tumbado la aprobación del catálogo en el pleno del Ajuntament cuando ellos gobernaban la legislatura pasada y le responsabilizan de la situación actual. Cifre en cambio sostiene que si entonces hubiera votado a favor del texto «estaríamos en la misma situación porque la Llei d’Urbanisme ya era de aplicación», dice.
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Y a ello habrá que sumar las causas que se plantean por el "Catálogo de Caminos Públicos" llevado a cabo por una empresa desaparecida, con múltiples defectos, varios autores con apellidos muy llamativos y que nunca se comunicó al Registro de la Propiedad ni a los propietarios de muchos de los caminos. Menuda etapa tan oscura de Cifre pero esperemos que la justicia le ponga en su sitio