Los documentos aportados por la familia, entre los que destaca una acta de la Comisión de Monumentos.

La titularidad del Castell d’Alaró vuelve de nuevo a ponerse en entredicho. Mientras el Consell mantiene desde hace años que la fortificación es propiedad del Estado, la familia Ordinas se reafirma de nuevo en que son los «legítimos propietarios» del Castell.

Para ello, el hijo de la familia, Miquel Àngel Ordinas, ha aportado diversa documentación que, según su versión, confirmaría su titularidad. Entre ella, aporta una acta de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos del 19 de junio de 1933 en la cual, tras la declaración del Castell como Monumento Nacional, durante la reunión se debate la necesidad de «invitar al propietario del Castell d’Alaró, el Sr. Canals, para que a la brevedad posible realice las obras de consolidación de la torre de entrada y de otra cercana a ella situada a su lado Este, que ahora se consideran de mayor necesidad» para que las rehabilite dado su estado de degradación.

«Esto demuestra claramente que en 1932 la propiedad del Castell era de Antonio Canals Pons, un señor de Sóller que lo adquirió el 29 de septiembre de 1923 y que dicha comisión lo requirió para que lo reformara», argumenta Ordinas. El abuelo de Miquel Àngel Ordinas compró la finca del Castell el 2 de octubre de 1935 por 57.900 pesetas, según apunta la familia.

Además, añaden que toda la finca salvo el Oratori y la Hostatgeria (propiedad del Obispado) se subastó en subasta pública en 1885. «El 15 de enero se publicó el anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de las Balears, el 13 de febrero del mismo año se subasta y el 26 de agosto se adjudica la subasta a Pedro Sampol Cañellas», argumenta Ordinas mientras aporta el anuncio del Boletín. Cabe recordar que el Consell ofreció 1,1 millones de euros a la familia Ordinas para adquirir la finca del Castell, ya que la institución insular mantiene que los restos de la fortificación son de titularidad pública y confía que en breve el Estado pueda cederlo al Consell La propiedad, por su parte, reclama 2,5 millones. La consellera de Territori, Maria Antònia Garcias, ha presentado el proyecto de compra de la finca al ITS.