La instrucción de este organismo de control de la actividad económica, financiera y contable de las administraciones públicas de las Illes señala que los interventores de cada ayuntamiento deben exigir que cada factura extrajudicial que se apruebe lleve la identificación de la persona - ya sea cargo público o funcionario - que la ha autorizado.
Así figura en el «Informe 194/2021 sobre el control interno del sector público local de las Illes Balears y los reconocimientos extrajudiciales de crédito del ejercicio 2019», publicado por la Sindicatura en su portal. Otra de las recomendaciones del órgano de fiscalización externa es que los reconocimientos extrajudiciales de crédito sean aprobados siempre por el pleno y que esta competencia no sea delegada en ningún caso, en aras de una mayor transparencia, aunque no esté expresamente prohibida su delegación.
Las facturas extrajudiciales son comunes en la mayoría de administraciones, si bien hay municipios en los que salen a debate en cada pleno, como es el caso de Muro. La oposición (UiM) denunció en agosto que en los primeros seis meses de 2021, el equipo de gobierno ya había gastado casi un millón de euros en este concepto (a 919.440 euros) y lo tildó de «un abuso de los contratos menores (los que no superan los 18.000 euros) y de las facturas sin tener fondos». Desde el equipo de gobierno (CDM-PI-PP) lamentan «la hipocresía de UiM, que cuando gobernaba también aprobaba facturas extrajudiciales y ahora lo critica pleno a pleno, cuando es algo perfectamente legal e inevitable por muchos motivos: se te pueden fundir las luces de Navidad cuando no habías previsto comprarlas porque las tenías del año anterior, o tener una avería imprevista en cualquier instalación» explican.
Razones
Entre las razones por las que se generan facturas extrajudiciales están la falta de concursos para contratar determinados servicios. En el ejemplo de Muro, destaca la alimentación de la residencia de mayores. «Si hacemos un concurso, es imposible que podamos comprar el pan en las panaderías locales, las verduras en la cooperativa o la carne en las carnicerías del pueblo, tienes que esperar que una empresa de Palma que ganará el concurso te lo distribuya el día que le convenga y de la calidad que sea».
El apunte
La FELIB destaca la falta de medios en los municipios más pequeños
3 comentarios
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Más le valdría a la sindicatura controlará al IB SALUT, que con la "excusa" de la salud se salta TODOS los controles, y maneja un presupuesto mucho mayor que los ayuntamientos.
Los de Muro han inventado la pólvora. Si hacen concurso no pueden decidir a dedo a quién comprar. Evidente. En los concursos acaban ganando los de siempre, las filiales de los grandes magnates de la construcción. Evidente. Entonces más que adjudicar a dedo tal vez haya que cambiar las leyes y dar prioridad a las empresas locales, al comercio de proximidad, etc. Pero no hacer mangarrufas.
Parlar de "facturas extrajudiciales" és una bajanada que cap jurista faria. Es tracta de despeses il·legals, que malgrat això es reconeixen per la pròpia Administració (és a dir, sense necessitat d'un pronunciament judicial) per evitar un perjudici al proveïdor o contractista, que no té cap culpa. Però la despesa no es convalida, sinó que segueix essent il·legal i, per això, a més de la responsabilitat política, pot ocasionar responsabilitat administrativa i, fins i tot, penal. D'aquí que la Sindicatura demani que els interventors identifiquin al responsable polític.