El GOB denunció ante Costas que «con la excusa de la reparación de un pequeño tramo de paseo se derriba el muro que confronta con la zona marítima. Alegaban que esta actuación no era para arreglar los desperfectos del Gloria sino «una reconstrucción del muro del paseo». | Assumpta Bassa

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El Tribunal Superior de Justicia de les Baleares (TSJB) ha anulado la sanción de 36.609 euros impuesta en octubre de 2020 por la Demarcación de Costas al Ajuntament de Capdepera por la ejecución no autorizada de unas obras realizadas en un tramo del paseo marítimo de Cala Rajada, entre los hitos 565 y 580.La multa se impuso tras la abertura de un expediente a raíz de    una denuncia del Grup d’Ornitologia Balear (GOB) que argumentaba que estas actuaciones se ejecutaban sin la autorización ministerial pertinente.

El Tribunal ahora ha respaldado al ayuntamiento al considerar que las obras en el paseo marítimo, en el tramo denunciado,    se pueden considerar incluidas en el permiso concedido por el Ministerio de Transición Ecológica, en marzo de 2020, para acometer obras de urgencia por los daños causados por la borrasca Gloria. Además ha impuesto las costas procesales a la parte demandada.

El temporal ‘Gloria’ de enero de 2020 provocó grandes daños en las infraestructuras de Cala Rajada. El consistorio solicitó, en febrero de 2020, una autorización a Costas para ejecutar obras de emergencia en el paseo marítimo por el grave riesgo que suponía a las personas tras los desperfectos ocasionados por el temporal. El 10 de marzo se autorizó las medidas provisionales de defensa establecidas por el ayuntamiento.

En junio de 2020, el GOB    denunció que las obras que se llevaban a cabo entre la calle Castellet hasta la playa de Son Moll no tenían que ver con la reparación de los daños ocasionados por el temporal sino con una remodelación integral del paseo. Por ello los ecologistas denunciaron en su momento que se «incumplía la ley y el reglamento de Costas bajo la excusa de obras de emergencia derivadas del temporal».

Expediente

Tras la denuncia del GOB ante Costas, este organismo realizó una inspección y el 22 de junio de 2020 se ordenó la paralización de estas obras. El día 8 de julio se acordó la incoación de un expediente sancionador al consistorio por la ejecución no autorizada de obras en el dominio público marítimo terrestre. Sin embargo también se acordó el levantamiento de la medida de paralización, porque, según argumentaban,    no    se había producido un aumento de la ocupación del dominio público. El 7 de octubre de 2020 la resolución de Costas declara responsable al ayuntamiento de una infracción administrativa grave y impone una sanción de 36.609 euros que es recorrida por el consistorio en noviembre de 2020. Ahora el Tribunal ha respaldado la actuación municipal.