El 62 % de los jóvenes que trabajan de manera profesional como agricultores y ganaderos aseguran que su principal problema ha sido el acceso a la tierra. Una situación que también se da en el caso de mujeres ‘payesas’. | Daniel Espinosa

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El abandono de la actividad agraria ha comportado también la reducción de la superficie cultivable útil en las Islas que en solo diez años (entre 2006 y 2016) ha sufrido un descenso del 21 %. En paralelo a este incremento de fincas abandonadas nos encontramos con la dificultad que tienen muchos payeses y ganaderos de conseguir tierras cultivables suficientemente grandes o a precios razonables.

Estos son algunos de los principales escollos con los que se encuentras los jóvenes que deciden dedicarse profesionalmente a la agricultura o a la ganadería. Poder garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias es clave para que este trabajo pueda ser rentable y haya el relevo generacional que ahora falta.

Ante esta situación, diferentes gobiernos autonómicos han potenciado las figuras de los Bancos de Tierra, un registro de terrenos que permite mediar entre personas propietarias de fincas que están en desuso y aquellos profesionales interesados en cultivarlas. La Conselleria d’Agricultura ya ha empezado a trabajar para crear el Banco de Tierras de Mallorca.

El proyecto está ahora en exposición pública, previo a la redacción del decreto de la consellera Mae de la Concha que fije su organización y funcionamiento. Una figura que ya estaba prevista en la ley agraria 3/2019 de 31 de enero pero que todavía no se había hecho efectiva.

Elevados precios

Con la creación del Banco de Tierras se pretende facilitar el acceso a fincas para jóvenes y profesionales, así como frenar la pérdida del suelo útil o reducir los precios desmesurados que se piden en la actualidad por las fincas. Precisamente, la fuerte presión económica del suelo, para destinarlo a otros sectores económicos que no sea la agricultura, explican este elevado precio de la tierra agrícola y su constante evolución alcista.

Así lo apunta la memoria realizada por la Conselleria d’Agricultura quien recuerda que en los últimos veinte años el precio de la tierra agraria ha incrementado un 55 %, lo que supone pasar de pagar 12.80 euros por hectárea en 2001 a los 19.976 euros/hectárea de 2019. Este incremento no es comparable con el que se ha producido en la Península donde este incremento es del 35 %. A ello hay que añadir la falta de relevo generacional, donde el 61,2 % de la tierra agrícola de Balears está en manos de personas de más de 55 años, mientras que las personas de menos de 35 años solo poseen el 4,5 % de la tierras. Dificultades «en el acceso a la tierra que son evidentes en el momento de incorporarse al sector», apunta la memoria explicativa del proyecto destacando también la problemática de la incorporación de los jóvenes.

Ante esta compleja situación, el proyecto de Agricultura (ahora en exposición pública) debe definir los sistemas y condiciones para la cesión del uso y aprovechamiento de las tierras agrarias disponibles, además de crear políticas dinámicas para aumentar la oferta y la demanda.

También se prevé crear una plataforma digital donde se oferten todas las tierras a disposición, así como una descripción con las características sobre el terreno, si tiene instalaciones, etc.

El apunte

Un millón de euros en ayudas para transformar terrenos en ecológicos

El Fons de Garantia Agrària i Pesquer (Fogaiba) ha convocado subvenciones para la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. Se trata de ayudas con una dotación de un millón de euros y que proceden de los fondos Next Generation. De esta manera se pretende potenciar la agricultura ecológica a través de «proyectos de transformación agroalimentaria que fomenten el sector ecológico en Balears», apuntaron ayer desde la propia Conselleria.

Entre estos proyectos se encuentran trabajos para mejorar el rendimiento o ser más competitivos; fomentar los productos de calidad; favorecer la innovación y el respeto por el medio ambiente, así como mejorar las ratios de sostenibilidad.

Las ayudas serán hasta un 60 % de los costos, que se pueden incrementar hasta el 75 % en determinados casos. Además, pueden solicitarse ayudas por un importe mínimo de 50.000 euros. El periodo de presentación de las propuestas finalizará el 17 de noviembre.