Francisca Cerdà, con el alcalde y el director de la residencia. | ARCHIVO

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La Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears ha dado un plazo de diez días a las regidora de Residència, Francisca Cerdà, y a la regidora de Medi Ambient, Maria Buades, para que puedan presentar alegaciones al expediente de investigación abierto por posible infracción administrativa de los funcionarios y cargos públicos incumpliendo el protocolo de vacunación.

Cabe recordar que los partidos de la oposición en Pollença (Junts Avançam, Alternativa per Pollença y Unides Podem) presentaron una denuncia conjunta ante la oficina después de que saliera a la luz pública que la regidora de Residencia, Francisca Cerdà, se vacunó junto a los usuarios de la residencia municipal. Cerdà, que negó en primera instancia las acusaciones, acabó reconociendo los hechos.

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La oposición no denunció a Buades (que se vacunó como primera cuidadora de su madre que es gran dependiente) pero la Oficina también le requiere que justifique su vacunación, cosa que hará enviando copia de la cita, dijo este viernes. Buades se mostró sorprendida pero tranquila por su notificación que podría deberse a que en el momento que la Oficina contra la Corrupció requirió al Ibsalut los datos de los regidores vacunados ella estaba en la lista.

Cargos públicos

La Oficina encuentra «indicios» de un posible incumplimiento del protocolo de vacunación, utilizando cargos públicos «en beneficio propio».

El alcalde dice que la oficina «es una agencia de colocación»

El alcalde, Tomeu Cifre, cargó contra Anticorrupció. «Mi valoración es que, como se está diciendo, es una oficina de colocación con sueldos muy altos que se tendría que disolver. Incluso le ha salido rana al propio PSOE». «Los requerimientos se contestarán en tiempo y forma», añadió.