Los regidores Alexandro Gaffar y Eloy Crusat con su asesor jurídico, Julián López-Menchero.

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Llibertat Llucmajor, partido político en la oposición en el Ajuntament de Llucmajor, ha presentado una denuncia en la Oficina Anticorrupció del Govern. Alertan de la presunta prevaricación por omisión del alcalde y el regidor de Mobilitat. Lo han hecho con toda una serie de documentos e informes técnicos que denuncian las irregularidades realizadas en los taxímetros del municipio.

Los ediles de Llibertat consideran que tanto el alcalde, Éric Jareño (PP), como el regidor, Raúl Domínguez (sin grupo municipal pero afiliado a ASI), «son plenamente consientes de la necesidad y obligación de abrir más de 70 expedientes sancionadores a este colectivo del municipio, por haber estado cobrando más a los usuarios de lo que indicaban las ordenanzas. Los informes técnicos, firmados tanto por la Policía Local, como los técnicos municipales, solicitan el inicio de dichos expedientes, pues se consideran infracciones muy graves. Los técnicos lo notificaron en 2019», señala el portavoz de Llibertat, Alexandro Gaffar.

«Todo ello recuerda demasiado al Cas Llucmajor, con los mismos protagonistas, PP y ASI». «Además -añade Gaffar- la presidenta del colectivo forma parte de ASI».

Ahora, tras su denuncia en la Oficina Anticorrupció indican que «se nos ha notificado que hay indicios claros para abrir una investigación».

Según los informes de la Policía Local los taxistas locales desde el 2013 solo utilizaban una de las dos tarifas previstas por la ordenanza. Se ha estado utilizando la tarifa 1 con el precio de la 2 (10 céntimos más cara).