El propio alcalde, Antoni Bennasar, retiró el precinto colocado en julio para acatar la orden de la Agència de Defensa del Territori (ADT), así como el cartel en el que este organismo de disciplina urbanística del Consell ordenaba por segunda vez suspender el uso del ascensor el pasado 24 de julio. Mientras, personal de la brigada municipal activaba los paneles de control tras casi nueve meses de parón.
Satisfacción y pesar
Bennasar mostró su satisfacción por «poder devolver este servicio a las personas con movilidad reducida, que es para quienes se construyó» y poder dar carpetazo «a una historia que ha sido dolorosa, porque lo instalamos pensando que prevalecía la ley de accesibilidad universal; y tras la actuación desacertada de un partido político, que puso una denuncia porque el ascensor desembarca en suelo rústico, hemos vivido esta historia que ha penalizado a las personas con dificultades de movilidad».
La consellera de Territori del Consell, Maria Antònia Garcías, destacó el viernes, tras finalizar el proceso de legalización de las instalaciones, que «tras recibir la denuncia, la ADT no tenía otra opción que actuar como lo hemos hecho; el ascensor no tenía un título habilitante ni amparo urbanístico y hemos dado todas las facilidades posibles para que los vecinos puedan hacer uso de él». De hecho, ambas partes, alcalde y consellera, coinciden en destacar la celeridad con la que se ha tramitado no solo la legalización del ascensor, sino también la ampliación del interés general otorgado en su día al colegio público para poder construir un aparcamiento.
Cabe recordar que el Consell otorgó el interés general para el futuro aparcamiento de Baix de sa Riba en noviembre de 2020, tan solo 20 días después de recibir la documentación y trámites requeridos al Ajuntament. Y el viernes, aprobó el proyecto de legalización y la reanudación del servicio del ascensor en unas horas. Ayer, el alcalde agradeció «al Consell y a la ADT que hayan agilizado los trámites para que hoy, en menos de un año, podamos tener este ascensor cumpliendo con toda la legalidad. Ha sido una historia fea pero afortunadamente, con final feliz», concluyó.
LA CRONOLOGÍA
Un proyecto innovador fuera de ordenación
El ascensor fue inaugurado el 1 de febrero de 2019. Costó 239.000 euros, sufragados por el Consell a través del Pla d’Inversions 2016-17. La ADT ordenó la suspensión de su uso el 18 de febrero de 2020. El Ajuntament interpuso un contencioso y pidió su reapertura como medida cautelar. En julio de 2020 el juez dio la razón a la ADT, que volvió a cerrarlo.
Una tramitación que da vía libre al aparcamiento
Paralelamente al precinto del ascensor, Ajuntament y Consell han tramitado el preceptivo interés general para el aparcamiento de Baix de sa Riba, aprobado en noviembre de 2020. Además, el pasado 16 abril el Ajuntament presentó un proyecto de legalización del elevador. El Consell lo validó y finalmente levantó la suspensión de su uso en un solo día.
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I perquè l'Agència de Defensa del Territori (ADT) no revisa totes les denúncies presentades a les Administracions Públiques per incompliments de les Lleis d'Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques 3/1993 i 8/2017 d'Accessibilitat Universal i NO DIS-CRIMINACIÓ? Com ara: edificis de l'Advocacia CAIB de la Pl. Rosari, Jutjats de Via Alemanya, 5, accessos als vagons del tren des de les andanes de les estacions a Mallorca: SFM i tren de Sóller i Port, Demarcació de Costas pel nou pont del barranc de Sa Cànova, i altres. Ben cordialment, Guillem Fullana Vanrell Mallorca Accessible per a Tothom Es Pont d’Inca, 21 d’abril de 2021