Una nueva ‘triquiñuela’ legal vuelve a demorar el derribo de los dos bloques ilegales de 12 apartamentos de la calle Tonyina de Cala Llamp. Cuando el Ajuntament d’Andratx ya había adjudicado las obras de demolición de las viviendas construidas al amparo de una licencia urbanística concedida de manera irregular en 2005 por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo, la comunidad de propietarios de los apartamentos ha presentado un escrito de medidas cautelares en el que solicitan la suspensión del derribo.

Siete años después de la sentencia judicial que insta a la demolición de los apartamentos, sus propietarios alegan ahora que, en su sentencia de 2013, el titular del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma nunca hizo referencia al derribo de las construcciones construidas mediante un proceso fraudulento, sino a la «restitución de la legalidad». Desde el Ajuntament d’Andratx confirma que en la sentencia firme no se hace referencia explícita al término «orden de demolición» o «derribo», pero que, en la cascada interminable de autos e interlocutorias que periodicamente ha emitido desde entonces, el mismo juzgado sí ha hecho uso de los términos referidos.

Expediente

Tras la concesión de las medidas cautelares solicitadas, el magistrado deberá decidir si da vía libre al derribo de los apartamentos en el calendario previsto (dentro del primer trimestre de 2021) o, si por contra, paraliza el inicio de las obras, que es lo que busca desesperadamente la propiedad, pese a que el Ayuntamiento ha instado a esta a tramitar un expediente de legalización de contemplado por el ordenamiento urbanístico, puesto que, con arreglo a la ley, las parcelas que aún ocupan los dos bloques de apartamentos ilegales pueden dar cabida a dos viviendas unifamiliares.

Por su parte, el grupo ecologista GOB, impulsor de la denuncia que desembocó en al sentencia de demolición, también instan al juzgado a que autorice de inmediato el mencionado derribo.