El propietario del establecimiento Álex Jara. | Redacción Part Forana

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El Govern balear ha impuesto una multa de 36.006 euros al restaurante de comida para llevar Álex Corner de Punta Ballena, Magaluf, por estar abierto el 21 de julio tras decretarse el cierre comercial de la calle.

La sanción recoge una «infracción muy grave» -abrir el local- por incumplimiento de la limitación a la actividad empresarial impuesta inicialmente en esa vía y en otras dos de la Platja de Palma como respuesta a la crisis de la Covid-19.

En su defensa, el propietario del establecimiento, Álex Jara, manifiesta que actuó de buena fe y que puso el negocio a funcionar tras contar, tal y como recoge el acta de denuncia, con la aprobación del departamento calvianer de Comercio, de su abogado y de un oficial de policía.

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Todos ellos entendieron que al no vender alcohol, no se infringiría el Decreto dictado por el Govern. Por su parte, a la Policía Local de Calvià no le consta esa comunicación y niega que en ningún caso se haya producido por escrito.

La sorpresa de Álex Jara ha sido mayúscula al recibir la notificación oficial cuando ya había olvidado lo que califica de «malentendido». «La sanción es una salvajada, no quise echarle ningún pulso a la Administración», declaró ayer el empresario a Ultima Hora. De hecho, defiende que, lejos del ánimo de lucro, abrió el local para que algunos de sus empleados pudieran trabajar y pide «cariño» para los empresarios más afectados por la pandemia.

Resolución

El Boletín Oficial de las Illes Balears del día 15 de julio recoge la resolución que prohibía temporalmente la actividad comercial, de ocio y restauración en la calle Punta Ballena de Magaluf. En base a ese texto, la Policía Local procedió a clausurar el negocio y lo propuso para sanción. Sin embargo, Álex Jara critica que los agentes municipales también clausuraron otros establecimientos de la zona y, «como es lógico», dice, no se levantó acta ni han sido multados como en su caso. Por eso, señala al Ajuntament por «haber puesto el acento» en él, incide, y cuestiona que el alcalde, Alfonso Rodríguez Badal, «no intercediera en la tramitación de la denuncia ni cuide de su gente».