Los cuatro vigilantes privados (en los extremos de la imagen) patrullan cada noche por las zonas de Inca en las que se habían disparado los botellones y la concentración del ocio nocturno no autorizado. En caso de detectar algo sospechoso interviene el cuerpo policial. | Redacción Part Forana

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La contratación de dos patrullas de vigilancia privada nocturna en Inca hace ahora un mes ha trasladado los problemas de seguridad al vecino municipio de Selva que, con un único policía local en activo, se ve incapaz de hacer cumplir las medidas para hacer frente a la COVID-19. Así lo denuncia el alcalde de Selva, Joan Rotger, que exige a la Direcció General d’Interior que ofrezca una solución «coordinada y urgente» a la falta endémica de policías locales en los pueblos.

El alcalde de Selva recuerda que «la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) aún no ha resuelto las pruebas que convocó el 23 de octubre de 2019 con las que Selva confiaba en convertir tres de sus plazas de policías interinos en fijos». Su plantilla es de cinco policías, pero en estos momentos solo le queda uno.

Ocio nocturno

Los problemas se agravan especialmente las noches del jueves al sábado (ambas incluidas), cuando grupos de hasta 50 personas se concentran en las áreas recreativas y espacios públicos de los distintos núcleos urbanos de Selva. El municipio, especialmente diseminado, tiene además de Selva otros cuatro núcleos de población (Caimari, Moscari, Biniamar y Binibona). «La Guardia Civil nos ayuda cuando puede, pero ellos tienen los efectivos que tienen y tampoco dan abasto», dice Rotger.

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Rotger explica que las zonas más afectadas son las áreas recreativas (sobre todo de Selva y Caimari) donde cada fin de semana se producen botellones desde que Inca implementó el nuevo sistema disuasorio de vigilancia privada.

Inca recurrió a la contratación de dos patrullas (un total de cuatro agentes) de seguridad privada a principios de septiembre ante la imposibilidad de hacer cumplir las medidas vigentes para combatir la COVID-19 con su actual plantilla policial.

«Lamento la situación de Selva, pero tengo que velar por la seguridad de los inquers y no me podía quedar de manos cruzadas», dice el alcalde de Inca, Virgilio Moreno. Exige, al igual que Rotger, una solución «urgente y coordinada a la falta de policías locales en los pueblos». «La contratación de seguridad privada es una medida extrema y temporal», añade Moreno.

El Ajuntament d’Inca, que en estos momentos ha sacado a concurso cinco plazas de policías locales baraja reservar un 20 % de estas plazas a militares que acaben de prestar su servicio al ejército si queda desierta la primera convocatoria. «Es algo que nos planteamos, desde luego, porque no podemos competir con Palma o Calvià», dice el alcalde. La ciudad Inca recurrió a la seguridad privada con la curva de contagios en alza en la ciudad. Patrullan siempre de noche, por el Parc del Serral de Ses Monges, la Plaça Pobladors, el Parc de les Illes Balears, la Plaça Ciutat Lompoc, el polígono industrial y la urbanización de s’Ermita donde, desde el cierre del ocio nocturno, se había disparado el número de botellones con grupos de hasta 50 personas.