La exalcaldesa de Ses Salines alega que los arquitectos denunciantes la acosaban

La Fiscalía pide para Bonet 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, y tres años de prisión por un delito de obstrucción a la Justicia.

En febrero de 2015, los dos funcionarios -el arquitecto y la aparejadora municipal- denunciaron a la por entonces alcaldesa de corrupción urbanística. Según el escrito de la Fiscalía, Bonet puso trabas al trabajo de ambos funcionarios.

Bonet, que ha respondido este miércoles a las preguntas del fiscal, ha negado que hostigara a los funcionarios que la denunciaron por prevaricación en el proyecto del carril bici a la entrada de la Colònia de Sant Jordi.

Durante su declaración ha explicado que «sobraba dinero» de un proyecto municipal de asfaltado, por lo que, en su opinión, se podía transferir una cantidad al proyecto del carril bici porque le faltaban fondos.

Por ello, pidió a los dos funcionarios que revisaran los costes de ambas obras, aunque ha aclarado que se negaron a realizar modificación alguna de estas dos adjudicaciones públicas.

Bonet nombró a un coordinador en el ayuntamiento para que examinara los documentos que redactaban estos dos funcionarios ya que, según ha dicho, se le acumulaban los informes sobre la mesa y antes de firmarlos quería leerlos: «Me exigían que firmara en ese momento sí o sí, eso era acoso», ha afirmado.

«Sólo pedía que antes de firmar los informes me dejaran leerlos», ha mantenido Bonet, que ha lamentado la presión que sufría por parte de estos dos funcionarios, pese a que solicitó formalmente que no le entregaran los documentos directamente a ella.

Finalmente, la exalcaldesa del PP cesó por falta de confianza al arquitecto como responsable de Urbanismo y le acusó de cometer supuestas irregularidades urbanísticas.

La primera edil les abrió a los dos sendos expedientes disciplinarios por desobedecer órdenes de la Alcaldía y por faltar al respeto a otros empleados públicos.
Por su parte, el arquitecto municipal ha explicado durante el juicio que interpuso la denuncia en febrero de 2015 porque, a su parecer, el consistorio llevaba años realizando actuaciones ilícitas «muy evidentes».

Ha detallado que se certificaban trabajos irregulares, como la ampliación sin licencia de la planta de un establecimiento hotelero de Ses Salines, por lo que reclamó a Bonet durante un año que parase estas obras. «El proyecto del carril bici fue la gota que colmó el vaso», ha apostillado.

Este empleado público ha relatado que se les prohibió a los dos comunicarse con la alcaldesa y que debían transferir los informes al coordinador designado para ello, mientras que «los otros funcionarios seguían usando el Registro General» del ayuntamiento.

Bonet ha sostenido que la aparejadora podía acceder a los informes de la contratación de las obras, pero el arquitecto municipal ha respondido que no podían. También ha aclarado que en ningún caso podía modificar el coste de la adjudicación de unas obras, a pesar de reclamárselo la alcaldesa.

El arquitecto ha contado que se enteró de que había expedientes y facturas modificadas y que, «como última instancia», acudió al Registro General para dejar constancia de que él entregaba a la alcaldesa los informes requerido en el plazo previsto.

Los denunciantes han renunciado a la indemnización de 5.000 euros para cada uno que solicitaban inicialmente al Ayuntamiento de Ses Salines por los posibles daños morales.