Imagen de archivo del celador (policía), ingeniero y secretario, instantes antes de declarar ante la jueza y fiscal anticorrupción en el marco de la investigación sobre las presuntas obras ilegales de los apartamentos Villa Piccola y la apertura de un expediente disciplinario. | T. Ayuga

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Núria Ramos Magen, magistrada del juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma, ha condenado al Ajuntament de Ses Salines y obliga a asignar de nuevo la plaza que ocupaba el exarquitecto municipal antes de ser apartado de sus funciones.

En su sentencia, la jueza entiende que «a criterio de esta magistrada, queda acreditada la desviación de poder», devuelve la plaza original al funcionario demandante, otorga una suculenta indemnización al afectado y condena en costas al Ajuntament.

El arquitecto municipal y la arquitecta técnica denunciaron en febrero del año 2015 un caso de prevaricación en materia urbanística (ampliación sin licencia del hotel Villa Piccola de la Colònia de Sant Jordi, obra del arquitecto Joan Serra). Transcurridos unos días, los dos funcionarios fueron expedientados. La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción apunta a que el Ajuntament de ses Salines consintió la ampliación del hotel en una planta, haciendo caso omiso de las denuncias de los técnicos. Los dos profesionales fueron separados del servicio por el expediente abierto.

Ahora, el fallo judicial argumenta que existe una desviación de poder, ya que se le asignó un puesto de trabajo con un salario mucho menor que el que le correspondía a la plaza ocupada antes de ser sancionado y al entender que era un funcionario ‘molesto’.

La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida por parte del Ajuntament. En 2015, la fiscal anticorrupción Ana Lamas tenía en el punto de mira al Consistorio saliner por la adjudicación y tramitación de diversos expedientes de obras municipales.