La zona de exclusión de Cala Castell ha permitido cerrar el paso de excursionistas hasta el mar.

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Expropiar el Camí de Ternelles hasta Cala Castell, incluyendo el tramo que conduce hasta el Castell del Rei, costaría 448.410,58 euros según un informe encargado a un ingeniero agrónomo por el Ajuntament de Pollença en 2017. Esta cantidad sería un gasto «perfectamente asumible para la tesorería municipal», en opinión del interventor.

Así se desprende del escrito que el Consistorio de Pollença ha entregado a la Plataforma Pro Camins Públics Oberts en respuesta a su solicitud reiterada desde hace años de que se habilite una partida en los presupuestos municipales para ejecutar dicha expropiación. Aunque es la primera vez que el Consistorio realiza una valoración económica, el documento concluye que «mientras la administración ambiental autonómica competente no modifique el régimen de usos del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana, está suspendida la servidumbre de paso del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que no hay razón para expropiar».

La plataforma no se conforma con esta respuesta y vuelve a solicitar que en las Cuentas de 2020 (aprobadas inicialmente) se incluya una partida suficiente para expropiar el camino. Opina que «sería un prestigio muy importante para el Ajuntament de Pollença poder abrir a las visitas el Castell del Rei y Cala Castell con todas las prevenciones ambientales recomendables». «Sería un importante incentivo para los hoteles de interior y del turismo en general amén de un derecho histórico usurpado», añade.

Cabe recordar que el Ajuntament incluyó en su Plan General de Ordenación Urbana como públicos este y otros seis caminos de la Serra que conducen al mar. Dicha inclusión derivó en un largo litigio judicial con la propiedad de Ternelles.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia salomónica que reconocía la propiedad privada del camino, pero a su vez también la existencia de un derecho público de paso sobre el mismo.

Tras la aprobación del PORN de la Serra de Tramuntana, que estableció dos zonas de exclusión en el camino en las que se limita el uso público por razones de conservación ambiental, la propiedad de Ternelles inició un nuevo litigio, que llevó al Supremo a ordenar al Ajuntament a adaptar su planeamiento urbanístico al PORN. Durante la ejecución de esta sentencia, el tribunal prohibió al Ajuntament autorizar el paso de excursionistas por el camino a la espera de que el Govern modifique el PORN.

Desde entonces solo se permite el acceso de particulares a la finca en visitas guiadas gratuitas concertadas con la Fundació Vida Silvestre Mediterrànea, actualmente suspendidas por el estado de alarma.

«No pensamos expropiar y denegaremos la solicitud con los informes técnicos por los que ya se denegó la anterior legislatura», dijo ayer el alcalde Cifre.