El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons se ha reunido este lunes con arquitectos, constructores y el equipo técnico del Ajuntament de Manacor para explicar una medida que afecta al municipio. También han asistido la regidora Núria Hinojosa y el director general d'Habitatge, Eduardo Robsy. | CAIB

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Manacor es uno de los municipios donde tendrá más repercusión una de las medidas del decreto ley sobre vivienda que prepara el Govern, al contar con 80 edificios inacabados que podrán albergar viviendas de protección oficial.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, se ha reunido este lunes con arquitectos, constructores y el equipo técnico del Ajuntament de Manacor para explicar les la nueva medida que afecta de forma significativa en el municipio, ha informado el departamento autonómico en un comunicado.

Entre las 25 medidas extraordinarias en materia de vivienda anunciadas por el Govern para facilitar la promoción, construcción, implantación o uso de viviendas de titularidad pública, y poner al alcance vivienda asequible en Baleares y que espera aprobar en las próximas semanas, hay una con especial incidencia en Manacor.

La medida consiste en incrementar el parque de vivienda de gestión pública a partir de edificaciones inadecuadas con licencia caducada. En Manacor se concentran más de 80 edificios inacabados y con licencia caducada.

Pons ha dicho que con esta medida de colaboración entre la Administración pública y el sector privado, el Govern aspira a «dar respuesta a problemas históricos». «Ganamos en calidad y entorno urbano, además nos permite poner a disposición VPO y no va acompañado de un esfuerzo económico de la administración», ha afirmado.

Los edificios que se podrán acoger deben ser obras ejecutadas que sean de conformidad con una licencia urbanística otorgada de acuerdo con el planeamiento urbanístico en vigor en el momento de su otorgamiento y cuya estructura esté totalmente finalizada

Además deben cumplir el requisito de que la finalización de las obras en conformidad al proyecto autorizado no se ajuste a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente y que haya caducado la licencia.

Todas las viviendas resultantes deberán ser calificadas de protección oficial; las viviendas serán destinados a VPO, compatible con locales y garajes que hayan sido previstos en el proyecto.

También, se deberá solicitar una nueva licencia en base a un proyecto ajustado a la normativa técnica actual y los requisitos exigidos por la normativa en materia de VPO y no se podrá superar el número de plantas del edificio previstas en la licencia caducada.

El promotor de las obras deberá ceder a la Administración (local o autonómica) la edificabilidad que sobrepase a la máxima establecida en el planeamiento vigente. Si esta edificabilidad no es suficiente para destinarlo a una vivienda, tendrá que ceder un mínimo de una vivienda del edificio.

Esta medida, que tendrá una repercusión sobre unas 80 edificaciones en Manacor y Portocristo, permitirá dar solución a edificaciones que ahora mismo no tenían otra salida que ser derribadas.