Operación Voramar

Hidalgo al ser detenido el 27 de noviembre de 2006. | Alejandro Sepúlveda

Pedro Aguiló MoraAndratx31/12/19 11:28
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El pasado 18 de diciembre fue otro día soleado e histórico en el castillo de Son Mas, sede del Ajuntament d’Andratx. En poco más de una hora, el pleno aprobó por unanimidad la transferencia total de las competencias de disciplina urbanística al Consell de Mallorca y también un nuevo Plan de General Ordenación Urbanística (PGOU) que clarifica al fin qué se puede hacer y qué no se puede hacer sobre el ya de por sí maltrecho territorio andritxol. Días antes, el 27 de noviembre, se habían cumplido 13 años de la puesta en marcha de la ‘operación Voramar’ contra la corrupción urbanística en el municipio, antesala de los juicios y condenas derivadas de las decenas de piezas separadas que conformaron el ‘caso Andratx’.

Con el pleno de hace dos semanas, la delegación de competencias municipales a la Agencia de Defensa del Territori de Mallorca y la aprobación unánime del PGOU, de alguna manera se cierra un círculo que empezó a trazarse a primera hora de otra mañana soleada: la del 27 de noviembre de 2006. Era lunes y a la hora del desayuno la Guardia Civil y el fiscal Juan Carrau, por orden judicial del magistrado Álvaro Latorre, irrumpían en Son Mas. Antes de la del vermut, ya se había formalizado la detención del a la sazón alcalde Eugenio Hidalgo. También la de Jaume Massot, durante años ‘cerebro’ del urbanismo municipal y entonces director general de Ordenación de Territorio del Govern, así como la de Jaume Gibert, en esos tiempos celador municipal de obras. Los ojos de Hidalgo y Gibert sobre el terreno y, en teoría, guardián y centinela en el cumplimiento de la legalidad en las innumerables y colosales promociones urbanísticas que arrancaron con el advenimiento del nuevo siglo. Cuando flaquee la memoria, sirva Monport a modo de recuerdo.

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Más allá de silencios y omisiones, Hidalgo, Massot y Gibert pudieron durante años desplegar el catálogo de tropelías por el que fueron juzgados y condenados gracias, en gran medida, a una normativa urbanística difusa y preconstitucional. Una anomalía que ninguno de ellos pareció nunca dispuesto a subsanar. Un año antes de ser detenidos, el Consell desautorizaba por cuarta vez consecutiva la aprobación de un planeamiento plagado de graves deficiencias, entre las que despuntaban recalificaciones de suelo rústico e incluso rústico protegido en urbano. Pretensiones que no pocos enmarcaban en una estrategia de bloqueo que obligaba a seguir rigiéndose por una regulación urbanística de 1976.

A buen seguro que sin estos precedentes, sin todo este cúmulo de despropósitos superficialmente esbozados en estas líneas, Andratx no hubiera tardado 13 años en recuperar el orden y la disciplina urbanística. Aunque, por otra parte, posiblemente hubieran sido muchos más sin la línea clara que, al margen de legislaturas y gobiernos, han compartido todos los alcaldes de este periodo (Jaume Porsell, Francesc Femenías, Isabel Alemany, Llorenç Suau, Katia Rouarch) de poner todos los elementos legales necesarios para que ‘Voramar’ sea ya un episodio del pasado.