El abogado Martí Cànaves, que representa a los denunciantes, manifiesta que «los demandantes reclaman que se abra una investigación de forma urgente y que se cite como testigos a Pere Rotger (excalde de Inca y presidente del patronato durante unos meses) y a la actual presidenta de la entidad, Magdalena Corró». Los hechos denunciados se refieren a las reuniones que se celebraron los pasados 13 y 18 de noviembre a la que asistieron tres trabajadoras del Joan XXIII, Pere Rotger y la presidenta. Según la denuncia, en estos encuentros Rotger manifestó que durante la gestión de la junta directiva había detectado ciertas acciones que podían ser constitutivas de delito.
Cànaves especifica que «Rotger explicó que un miembro de la junta había cobrado 25.000 euros por asesoramientos, cuando los directivos no pueden cobrar, y que las auditorías había que cogerlas con pinzas». Según el abogado «la actual presidenta también insinuó que se había producido una apropiación indebida». En la denuncia figura además que Rotger pidió la dimisión de la persona sospechosa de los cobros, pero al no producirse decidió renunciar a su cargo de presidente.
Los delitos denunciados ante Fiscalía son los de falsedad documental, apropiación indebida, administración desleal, encubrimiento, delito contable y malversación.
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