Las dificultades surgidas para determinar los límites de la finca que comprende los restos del Castell d’Alaró han retrasado su adquisición por parte del Consell de Mallorca. Así lo advirtió ayer Maria Antònia Garcias, la nueva consellera insular de Territori, al tratar de explicar por qué la institución insular no ha inscrito aun la finca a su nombre pese a que anunció su adquisición hace ya casi dos años.
Garcias indicó que se ha solicitado al Gobierno, titular de los restos arqueológicos, que clarifique los límites de su propiedad a fin de determinar exactamente los límites que pertenecen a la familia Ordinas, cuya finca es la que el Consell pretende adquirir. La consellera señaló que existen varias escrituras con información confusa.
La adquisición del Castell fue debatida ayer a raíz de una propuesta PP, que presentó una moción instando al Consell a «ejecutar su compra de forma definitiva». El ponente, el conseller Jeroni Salom, acusó al Consell de «mentir» al haber anunciado su compra por todo lo alto cuando el Govern hizo público que reservaba más de 1 millón de euros de la ‘ecotasa’ para financiarla.
Finalmente, a instancias del PSIB, se modificó ligeramente el redactado de la moción, que fue aprobada por todos los grupos salvo Cs, que se abstuvo.
Chalet ilegal
Ahora son los límites de la propiedad, pero anteriormente habían surgido otros supuestos imprevistos que también demoraron la compra de la finca. El primero fue la transferencia del dinero (de la ‘ecotasa’) por parte del Govern al Consell. El segundo fue la vivienda ilegal que los Ordinas habían levantado sin autorización y que ya ha sido demolida.
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