El parque de viviendas protegidas (aquellas que solo pueden venderse o alquilarse a un precio tasado por el Govern) desciende a pasos agigantados en Pollença. Desde el 2018 el Govern ha perdido el control sobre 59 viviendas del municipio edificadas en los años 80 y que, en su momento, se vendieron a precios muy inferiores a los que marcaba el mercado con la condición de que sus propietarios no podrían venderlas o alquilarlas libremente durante 30 años sino que debían hacerlo a un precio marcado por el propio Govern.
Los expertos advierten de que, de no tomarse medidas correctoras, la situación irá a peor y en 2037 no quedarán viviendas de protección oficial en el municipio de Pollença de las ahora construidas.
Los expertos temen que la entrada del parque protegido en el mercado libre contribuya a incrementar el precio medio de los alquileres y de la venta de vivienda usada en Pollença, agravando aún más la crisis de vivienda residencial que padecen los pollencins. El precio medio de la vivienda usada en Pollença ha subido un 12,54 % en el último año y supera con creces la media de Mallorca, solo por detrás de Calvià.
Ivan Murray y Margalida Mestre, autores del Estudi sobre l’habitatge a Pollença, avisaban hace un año de que la tendencia en la construcción o compra de vivienda protegida «tendría que cambiar drásticamente». «Si la administración quisiera incidir sobre el precio de las viviendas en el libre mercado, la adquisición de vivienda para darle un uso social o construir nueva debería convertirse en un eje de actuación». Para que las viviendas sociales fueran un 5 % del total de casas del municipio, Pollença debería construir o comprar 608 viviendas de protección oficial.
El precio del alquiler de las viviendas de protección oficial de Pollença ronda los 400 euros mensuales, mientras que el precio del alquiler libre ronda los 1.000 euros al mes, media que incluso se ve superada en el Moll.
Según el estudio de vivienda «vivir en una vivienda de alquiler no sometida a un régimen de protección público implica destinar un porcentaje elevado de las rentas mensuales (superior al 30 %) a la mayoría de la población».
Desde el año 1973 se han construido 233 viviendas de protección oficial en el municipio pero el Govern solo controla hoy por hoy el precio de 69. Este año 2019 perderá el control de 8 más; 15 en 2021; 31 en 2026 y 15 en 2027.
El primer teniente de alcalde del Ajuntament de Pollença, Toni Cànaves, explica que ante esta situación, son varias las opciones en estudio. De una parte la cesión de suelo al Govern para construir nuevas promociones, de otra la compra o convenio de uso de una promoción privada ya acabada y vacía, y en tercer lugar la incentivación del alquiler privado.
3 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
El problema es que no se hacen nuevas y cientos de viviendas de alquiler social, no se venta. Punto.
El problema es que no quieren arreglarlo y punto. Si quieren solucionar el problema, en lugar de demonizar como han hecho hasta ahora con el alquiler vacacional, que ofrezcan seguridad jurídica a los propietarios, que desaparezcan los okupas de modo legal, modificando todas las leyes necesarias, y de seguro que habrà vivienda de alquiler residencial. No hace falta ni subvencionar ni ayudas ni demàs gastos innecesarios, solamente dar seguridad tanto de pago como de protecciòn de bienes privados. Así de sencillo y barato. Que digan que no quieren hacerlo y por supuesto, que asuman su incapacidad de gestiòn, sin dar culpas a los precios ni al alquiler vacacional, que nada tienen que ver con el desmadre lehal actual, que es surrealista. Como pretenden que con las condiciones actuales alguien con un minimo de sentido común ponga una vivienda en el mercado de alquiler residencial si no es en unas condiciones muy rigurosas?
Los alquileres a 1000€ y el problema son las VPO que llevan 30 años ocupadas y que pueden salir al mercado libre. Algunos ven el problema donde quieren verlo.