La acusada, durante el juicio en la Audiencia Provincial. | Alejandro Sepúlveda

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La Audiencia Provincial ha impuesto una condena de siete años de inhabilitación a la antigua secretaria–interventora del Ajuntament de Sineu, Margarita Mulet. El tribunal considera demostrado que envió un documento en el que reducía de forma ilegal un embargo que se le imponía por una orden judicial. Para el tribunal ese escrito fue realizado desde su cargo oficial y supone un delito de prevaricación.

En el año 2011 la funcionaria estaba destinada en Sineu y fue condenada por un juzgado de Primera Instancia de Palma al pago de más de 9.000 euros. Para ejecutar esa sentencia se aplicó un embargo de unos 650 euros al mes y así se aplicó durante el primer semestre de 2011. Sin embargo, en julio de ese año, envió un escrito a la Mancomunitat del Pla de Mallorca. En él, ella misma se aplicaba una normativa aprobada durante la crisis para paliar los efectos de embargos por hipotecas. De esta forma, conseguía que se le redujera a 300 euros la cantidad que se le retenía.

En el juicio, la acusada admitió el envío del documento y que éste fue efectivo hasta que el entonces alcalde avisó. Sin embargo, planteaba que no lo hizo como secretaria y que su intención no era dar una orden. La Audiencia desmonta este argumento en una línea: «Un simple ojeo del folio basta para refutarlo, toda vez que goza del membrete y sello del Ajuntament y consta firmado por la secretaria–interventora. No es dable otra interpretación». La sentencia puede ser recurrida ante el Supremo.