Un informe de inspección técnico alerta nuevamente de la «peligrosidad elevada» de desprendimiento del talud del acantilado de la ribera sur del muelle de Porto Cristo. Esta zona, que ha sido objeto de varias actuaciones desde 2012, está acordonada desde hace tiempo.
El tramo dañado de 1.171 metros cuadrados es una parte de dominio público portuario y otra son terrenos de competencia municipal. Ports ha advertido al Ajuntament de esta situación y, ante la falta de pronunciamiento municipal, aprobó, en el último Consell d’Administració, enviar un requerimiento al Consistorio para que adopte las medidas necesarias para la ejecución de la estabilización del talud y garantice el deber de conservación.
El director de Ports, Xavier Ramis, así lo explicó a este periódico. «El problema es que confluyen diversas administraciones y cada una de ellas con su responsabilidad. En 2012 ya se detectaron los desprendimientos y se llevaron a cabo varias diligencias. En 2015 también se hicieron varios informes en los que se constataba el riesgo y la necesidad de adoptar medidas de protección».
Después de una reunión entre representantes del Club Náutico, que es el concesionario del muelle, Ports y el Ajuntament se llegó a un acuerdo para dar una solución definitiva y reparar las deficiencias a través de la formalización de un convenio.
Ramis explicó que «el Ajuntament todavía no ha firmado el convenio. Desde Ports se ha redactado el proyecto de ejecución de consolidación del talud y se ha hecho el correspondiente estudio geológico, incluso se ha redactado la propuesta de convenio». El borrador se trasladó a finales de junio al Club Náutico, que propuso una serie de modificaciones, y también al Ajuntament pero no ha remitido ninguna respuesta.
Ramis expone que «la situación de inseguridad nos obliga a tomar medidas. No podemos esperar a que el Ajuntament de una respuesta. Por ello decidimos requerir al Ajuntament para que nos deje ocupar los terrenos que son de su competencia o que envíe la orden de ejecución necesaria si afecta a propiedades privadas. Después reclamaremos los gastos que le correspondan».
Además señaló que «en el caso de que no respondan al requerimiento nos reservamos la vía judicial». Dejó constancia que «la responsabilidad recaerá también en todos los regidores del Consistorio. La próxima semana se enviará este requerimiento aprobado el 27 de septiembre».
El director de Ports asegura que «el tema económico es lo que menos nos preocupa. El Ajuntament no se ha pronunciado y hay que actuar porque debemos evitar el riesgo de que haya un accidente».
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Alto y claro, la responsabilidad en caso de alguna desgracia recaerá directamente sobre la alcaldesa...