Cuatro años después de ejecutarse por orden judicial el derribo de un chalet construido en un Área Natural de Especial Interés de Mancor que había sido legalizado irregularmente por el exalcalde Bernardí Coll (PP), el juicio por el que el propietario reclama una indemnización de 1,8 millones de euros al Consistorio ha quedado visto para sentencia.
El abogado del Ajuntament, Mateu Cañellas, informó este lunes de que la sentencia aún puede demorarse un año dado que serán los magistrados de Madrid que actúan como refuerzo ante la saturación que se vive en las Illes quienes se encargarán de resolver este asunto.
Vista judicial
En la vista, celebrada a principios de 2018, el Ajuntament mantuvo la tesis de que no cabe indemnizar al propietario de las casas de Biniatzent (construidas en un ANEI donde está expresamente prohibido el uso de vivienda) porque ha sido suficientemente acreditado que la propiedad no realizó obras después de obtener las licencias de legalización que posteriormente anuló el juez, sino que ya las había realizado con anterioridad, por lo que la anulación de la licencia de legalización no le habría supuesto coste alguno.
La defensa del Consistorio basa sus argumentos en un informe del Consell Consultiu y sostiene que el propietario utilizó modos y formas inexactos que «llevaron a error» a la Adminitración que acabó concediendo la licencia de obras cuando se le había ocultado que dichas obras ya se habían ejecutado en su práctica totalidad. El Ajuntament pagó los 114.000 euros que costó el derribo.
6 comentarios
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Siempre igual, siempre igual, quien tiene dinero construye donde le da la real gana, luego ya veremos que ocurre
Menuda moda se está imponiendo en los tribunales: presuntamente uno del pueblo y el alcalde pactan legalizar una construcción ilegal (a saber a cambio de qué), se declara todo nulo, se obliga a la restitución, se pide al ayuntamiento que indemnice y el alcalde se va de rositas. Sin ánimo de encender las persecuciones contra nuestros políticos, en situaciones tan groseras como estas el Alcalde debería ser responsable civil solidario con el ayuntamiento y, en todo caso, debería ejercitar el órgano municipal acción de retorno contra él, aparte de ejercer acciones penales. Igual así dábamos un estocazo a la corrupción, que tan institucionalizada está en este país.
Nada de mano de hierro para los ANEI, lo que debe hacer el Gobierno Balear o el Consell es comprarnos las fincas que ellos deciden hacer ANEI, como el caso del Parque de S’Albufereta de Alcudia-Pollensa, lo que es injusto es que la gente pueda entrar dentro nuestras fincas a cambio de nada como ocurre en dicho parque, y encima debemos ver y aguantar al hotel Club Pollentia Porto en pleno parque, y muchas casas ilegales que di es tan ANEI porque no se le aplica la ley de derrumbe, lo que nos están haciendo es muy injusto es una auténtica vergüenza y demuestra la dictadura en la que vivimos asi conviene que dediquen parte del dinero de la ecotasa a comprarnos las fincas del parque de S’Albufereta y así se hará justicia.
Es muy difícil de creer, que el propietario no supiera que construía ilegalmente. Y todo indica que el alcalde y propietario estaban de acuerdo. Y ahora que, a pagar el ciudadano que ya está hasta el cuello de impuestos????
resumiendo, quien pagara el desastre, el tal Bernardi Coll ¿? o los tontos de siempre, el pueblo . . . . ¿?
Als ANEIS ma de ferro