Uno de los testigos que ha declarado este lunes ante el juez de Instrucción número 1 de Palma, que investiga presuntas irregularidades en la compra del antiguo hotel Rocamar del Port de Sòller por parte del Govern en 2012, considera excesivo el precio de unos 970.000 euros que se pagó.
Este lunes han comparecido como testigos ante el magistrado Juan Manuel Sobrino, que investiga esta operación, tres miembros de la junta del Consorcio de Plazas turísticas que no estaban presentes en la reunión que aprobó la venta aunque sí habían asistido a otras sesiones.
Tras prestar declaración ante el juez, el representante de la federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT en dicha junta rectora, Antonio Copete, ha indicado que en su día pidió explicaciones sobre esa operación.
«A mí personalmente me pareció excesivo el precio que se pagó por la compra de este hotel porque había tasaciones mucho menores», ha señalado y ha añadido que el objetivo del consorcio tenía que ser que costara lo menos posible.
Según el representante sindical, había acuerdo en la necesidad de adoptar alguna decisión sobre ese establecimiento hotelero porque estaba obsoleto y muy degradado, pero los miembros de la junta rectora no coincidían en la determinación del precio.
Ha insistido en que tanto él como otro representante sindical consideraban que se pagó de más y así lo expresaron en reuniones posteriores de la junta rectora. También ha indicado que tras la compra, solicitaron por escrito las tasaciones que se habían llevado a cabo porque no se les habían facilitado y ha criticado que no se las dieran a conocer antes para mayor claridad. El responsable sindical también se opuso a que la junta rectora pudiera avalar unos informes técnicos, porque consideraba que no era su función.
El juez había citado como testigos al miembro de UGT, a la representante de sa Nostra y a las de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y la Agrupación de Cadenas Hoteleras.
En esta causa se investiga si pudo haber sobreprecio en la compra del antiguo hotel Rocamar y posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación.
Este martes comparecerán ante el juez varios investigados, que asistieron a la reunión de la junta rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos que formalizó la compra en julio de 2012. Entre los citados figuran los entonces coordinador de la Agencia de Turismo de Baleares, Josep Aloy, y secretario general de la Conselleria de Turismo, Joaquín Legaza; las ex directoras generales de Economía y Estadísticas y de Medio Ambiente Joana Perelló y Neus Lliteras; el exdirector de Proyectos del Consell de Mallorca, Segismundo Morey; y el entonces representante de hostelería en CCOO. El miércoles está citado el exconseller de Turismo Carlos Delgado.
2 comentarios
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La corrupción un negocio legal que da dividendos
¿Y? "Me parece excesivo", pues a otros les parecerá barato.