Vidal, Armengol y el alcalde Mir, en una visita a las obras de ampliación de la depuradora. | Elena Ballestero

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El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha reconocido el derecho del Ajuntament de Alcúdia a ser indemnizado por parte del Govern balear con 4.790.585,13 euros por los costes de conservación, mantenimiento y explotación de la depuradora del municipio en el trienio 2015-2017. El Govern ya le había abonado 4.112.630,85 euros por este concepto a los que ahora deberá sumar 677.954,28 euros más.

Cabe recordar que el de Alcúdia es, junto con Palma, Manacor y Sant Llorenç, uno de los pocos municipios de Mallorca que gestiona directamente la planta depuradora del término, mientras que el resto dependen de la Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental (Abaqua), que depende a su vez de la Conselleria de Medi Ambient.

Los municipios que gestionan directamente sus depuradoras reciben a cambio una compensación anual del Govern balear que en el caso de Alcúdia ascendía hasta ahora a 1.370.876,95 euros.

En el año 2015, el Ajuntament de Alcúdia solicitó que en lugar de prorrogarle la indemnización aplicada en 2014 (de 1.370.876,95 euros) ésta se revisara al alza para adecuarla al coste real de la conservación, mantenimiento y explotación de la instalación que ascendía, según la Empresa Municipal de Servicios de Alcúdia (EMSA), a 1.596.861,75 euros.

El Govern desestimó la petición municipal y aprobó una prórroga de la indemnización aprobada en 2014 para los años 2015, 2016 y 2017, sin dar audiencia al Ajuntament y por lo tanto sin darle la oportunidad de acreditar, no solo la necesidad del incremento de la indemnización para cubrir los gastos reales a partir del año 2015, sino incluso que los costes reales del año 2014 ya fueron superiores a aquellos por los que el Ajuntament d’Alcúdia ya había sido indemnizado.

El TSJB desoye ahora los argumentos que esgrimió la Comunitat Autònoma ya en la vía judicial de que el Consistorio no había justificado adecuadamente el incremento de los costes del servicio y da la razón al Ajuntament de Alcúdia considerando acreditado el estudio económico presentado. Contra la sentencia judicial, dictada el pasado 4 de octubre, aún se puede presentar recurso de casación en el plazo de treinta días a contar desde la notificación.
El alcalde de Alcúdia, Toni Mir, valoró este lunes positivamente la sentencia de la que dijo que servirá para tapar el agujero de 200.000 euros anuales que se generaba en las cuentas del municipio.

«Estoy contento porque se hace justicia, es evidente que la depuradora genera unos gastos que tienen que satisfacerse. Es justo que se pague lo que se gasta», dijo Mir.