El Ajuntament de Manacor se ha reservado la gestión del urbanismo en los núcleos urbanos, un control de la legalidad que se ve con capacidad de llevar a cabo con los técnicos del departamento a pesar del ‘colapso’ que se vive desde hace años en esta delegación. | Guillem Mas

TW
9

Manacor cederá el control urbanístico en rústico a la Agencia Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca. Así lo aprobó el pleno celebrado ayer noche, en el que se dio vía libre a esta propuesta que busca descongestionar el departamento de Urbanismo y evitar la prescripción de expedientes que están en tramitación desde hace años.

En estos momentos, el Ajuntament de Manacor cuenta con unos 800 expedientes de infracción urbanística en zona urbana y rústica. Además, según datos del propio departamento, cada año se tramitan entre 100 y 125 expedientes por lo que, en las actuales condiciones, es prácticamente imposible resolverlos con celeridad.

Tras la firma del convenio entre el Consistorio y el Consell de Mallorca, la Agencia de Disciplina Urbanística asumirá el control urbanístico en suelo rústico y la tramitación de los futuros expedientes de infracción. Los que estén pendientes por resolver serán todavía competencia municipal.

La regidora de Urbanismo, Isabel Febrer, defendió la cesión de estas competencias a la institución insular por el hecho de que «la ley de control de gasto no nos permite la contratación de más personal para el departamento, ello nos obliga a tomar esta decisión por responsabilidad y para que nadie nos acuse de falta de interés a la hora de resolver todos los expedientes».

Febrer informó que los técnicos municipales están «desbordados» ya que éstos ya se encargan de la concesión de licencias de obra, la resolución de los expedientes en vigor, de la inspección técnica de edificios de una antigüedad mayor a los 25 años y, hasta hace solo unos días, de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Así, el principal objetivo es descargar de labores al departamento de Urbanismo y también dar salida a los expedientes de infracción urbanística que se van acumulando y que algunos ya estarían superando los ocho años de espera.