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La Dirección General de Recursos Hídricos ha sancionado con 40.727 euros a un particular de Santanyí por vender agua sin autorización, al utilizar un pozo permitido para regadío para abastecer a la población de es Llombards, sin permiso y sin control de la calidad del agua.

Hace más de 20 años que se producía esta situación, que reportaba un beneficio económico a la persona sancionada, si bien el expediente sancionador se inició en 2016 a raíz de la denuncia de un particular que fue confirmada en una inspección de agentes de medio ambiente, ha informado la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en un comunicado.

Los hechos que se imputan a la persona sancionada constituyen una infracción administrativa en materia de dominio público hidráulico calificada como menos grave (que implica multas que pueden oscilar entre 10.000 y 50.000 euros).

Ha quedado demostrado que se utilizaba un sondeo autorizado para regadío para suministrar agua a la población des Llombards sin la autorización administrativa correspondiente.

La persona expedientada cedió la explotación del pozo a un tercero, que ha seguido explotando el sondeo para un uso no autorizado, con su conocimiento, y sin que conste ningún derecho de cesión en la Dirección General de Recursos Hídricos.

El suministro no disponía de los controles sanitarios que corresponden de la Conselleria de Salud y Consumo, con la agravante de que esta situación hace más de veinte años que se produce, según las manifestaciones de la persona expedientada, quien, además, ha obtenido un beneficio económico tanto durante el tiempo en que explotó la concesión en nombre propio como mientras la ha explotado una tercera persona.

Dado que la persona expedientada ha actuado con intencionalidad y reiteración en la comisión de la infracción que se le imputa, se ha cuantificado la sanción en 40.727,26 euros, de acuerdo con la normativa en materia de agua.

Por otra parte, debe restituir el dominio público hidráulico, dado que la finalidad última del procedimiento sancionador es protegerlo, y si se quiere seguir suministrando agua a la población des Llombards se tiene que legalizar el uso del pozo.

En caso de que no se haga, una nueva extracción de agua sería sancionable otra vez, y la Dirección General de Recursos Hídricos podría iniciar nuevamente acciones contra la persona responsable, con la agravante de reincidencia.