Todavía sigue abierto el plazo para presentar alegaciones a la autorización y el chiringuito ya está en funcionamiento.

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El grupo ecologista GOB ha criticado este miércoles la instalación de servicios de temporada en Cala Tortà, en Artà, que ya están en funcionamiento a pesar de no contar con autorización.

La entidad ha informado en un comunicado de que presentado alegaciones en contra de la tramitación de dicha autorización y otras que figuran en la «Información pública sobre solicitudes de autorizaciones en zona de dominio público marítimo-terrestre en las costas de Baleares».

Los servicios solicitados para Cala Torta son 6 mesas, 11 bancos, una plataforma de madera desmontable y un parasol tipo vela, también desmontable que ya están en funcionamiento al lado de un chiringuito situado en esta playa natural que es parte de la Red Natura 2000 y al que es de aplicación la sentencia del Tribunal Supremo que ha obligado a derribar los 6 de las playas naturales de Campos.

El GOB ha insistido en que la tramitación de estas solicitudes de servicios de temporada en playas y costas se hace obviando el artículo 113.8 del Reglamento de Costas, que establece que sólo se pueden otorgar autorizaciones a particulares o personas jurídicas para este tipo de servicios cuando el Ayuntamiento respectivo no pueda ser el titular directo o preferente de dichos servicios.

Según el GOB, las solicitudes de servicios de temporada en las playas y costas de Baleares solamente se pueden otorgar mediante un concurso convocado por el Servicio Periférico de Costas, respetando los principios de «publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva».

La entidad verde considera que este procedimiento «irregular» de otorgar las autorizaciones temporales y de temporada para servicios en las playas y costas, podría afectar a unas 700 solicitudes, a las que se suman 1.572 que se autorizan por una temporada y que no salen a información pública.

El GOB ha calificado como «incomprensible» que Costas tramite el otorgamiento de «miles de autorizaciones en contra de las normativas legales que las regulan», así como que la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad pueda informar favorablemente sobre gran cantidad de ellas.

La organización pide la anulación del trámite de otorgamiento y que no se concedan las solicitudes que se publicaron en el BOIB del pasado 1 de junio por «claro incumplimiento del procedimiento regulado en la Ley de Costas y su Reglamento General».

Además reclama que se revisen las solicitudes de servicios otorgadas con anterioridad y aún vigentes, por si incurren en nulidad.