El Supremo decide el futuro del Camí de Ternelles el 19 de abril

| Pollença |

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En octubre de 2009, cientos de personas saltaron la valla de Ternelles, en una marcha reivindicativa de Pro Camins Públics.

En octubre de 2009, cientos de personas saltaron la valla de Ternelles, en una marcha reivindicativa de Pro Camins Públics.

12-10-2009 | T. Ayuga

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 19 de abril si se mantiene o no la servidumbre pública de paso sobre el Camí de Ternelles que reconoció este tribunal en marzo de 2015 y que anuló en septiembre de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

La sentencia del TSJB consideraba que no tenía sentido mantener la servidumbre de paso que el Supremo reconoció para garantizar el acceso a pie hasta el mar, dado que desde la aprobación del Plan d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana en 2007 existe una zona de exclusión en Ternelles que prohibe el tránsito de personas (salvo para usos científicos) impidiendo de facto el paso a pie hasta Cala Castell.

Aunque la propia sentencia del TSJB decía expresamente que no cabía recurso el Ajuntament de Pollença consiguió en octubre de 2015 que el TSJB admitiera a trámite un recurso de casación que ahora resolverá el Supremo.

El momento elegido para la votación (19 de abril) resulta clave y es que el Gobierno central y el Govern balear acaban de constituir formalmente una comisión bilateral negociadora que determinará si cabe o no restringir el excursionismo en las zonas de exclusión. Su decisión puede tener consecuencias sobre la servidumbre de paso en Ternelles.

El Govern modificó en julio las restricciones en las áreas de exclusión abriendo la posibilidad a autorizar el paso de excursionistas (ahora vigente). Lo hizo introduciendo una disposición final en la Ley de Evaluación Ambiental de Balears aprobada por vía de urgencia que no dio pie a la presentación de alegaciones ni fue sometida a exposición pública.

La Fundació Vida Silvestre Mediterránea denunció ante el Gobierno central una rebaja de la protección y el Ministerio advirtió al Govern de que el cambio legislativo podría ser anticonstitucional. De ahí la comisión negociadora.

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