Vista de Llucalcari. | Pep Verger

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Equipo de Gobierno (Junts per Deià) y la oposición (coalición DEIA) se enfrentaron de nuevo durante el pleno a raíz de un informe sobre las responsabilidades patrimoniales derivadas del derribo de los chalets de Llucalcari.

En una sesión anterior ya se había aprobado ingresar 180.000 euros a la cuenta del Juzgado para las primeras indemnizaciones reconocidas por el Ajuntament a uno de los chalets, en contra de criterio de la oposición. En aquel pleno, Lluís Apesteguía (DEIA), ya pidió a la alcaldesa, Magdalena López que este dinero «no lo pagara el municipio y se reclamase a las personas responsables de otorgar en su momento las licencias ilegales», lo que López rechazó alegando que tenía un informe de 2014 que que daba por «prescritas» estas responsabilidades.

Apesteguía acusa ahora a López de «mentir» ya que, según afirma, «este informe es posterior a la fecha en la que la alcaldesa anunció su existencia y además en ningún momento dice que las responsabilidades hayan prescrito».