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El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca ha dictado un auto que suspende el procedimiento judicial iniciado por la empresa concesionaria de la carretera de Manacor, Pamasa, para pedir el restablecimiento económico del contrato, hasta que haya sentencia firme.

El auto explica que se da «prejudicialidad penal», ya que la tarifa está «ligada íntimamente a la inversión hecha y la cuantía de ésta en la jurisdicción penal, por la existencia de presuntos delitos continuados de malversación de dinero público, cohecho, falsificación documental y fraude a la Administración».

El Consell de Mallorca ha informado en una nota de prensa de esta decisión judicial, que suspende el procedimiento señalado hasta que haya una sentencia firme en esta cuestión.

El auto explica que «para abordar adecuadamente la procedencia o no del restablecimiento económico del contrato, es necesario conocer con exactitud el importe de la inversión».

El conseller insular de Urbanismo y Territorio, Mauricio Rovira, ha explicado que el Consell de Mallorca había pedido la suspensión del contencioso al considerar que es lo más «correcto». «No se puede decidir sobre una cuestión de revisión de contrato hasta que el juzgado penal resuelva», ha incidido.