La Autoritat Portuària quiere ahora cobrar por la ocupación de las oficinas municipales.

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La Autoritat Portuària de Balears ha remitido dos nuevos escritos al Ajuntament de Alcúdia en los que le reclama una deuda de 170.280 euros como compensación por haber ocupado, no solo las antiguas piscinas de Gesa, sino también por la ocupación de las oficinas municipales y la delegación de la Policía Local en la zona de dominio público, que ahora han sido incluidas en el concurso convocado para la creación de una nueva dársena de amarres y marina seca en el antiguo polígono naval.

Los escritos llegaron al Ajuntament el 9 de febrero, tres días antes de que la alcaldesa, Coloma Terrassa, cambiando la postura de conformidad que había mantenido sobre la creación de la nueva dársena hasta entonces, anunciara que los servicios jurídicos municipales estudian si la Autoritat Portuària ha incumplido el convenio suscrito en 2004 por el que, como contraprestación por la ampliación del puerto, el Ajuntament obtenía el derecho de uso de las piscinas de Gesa, de las oficinas municipales, del polígono naval y la cesión de un solar en el puerto.

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El pleno debate este jueves una moción conjunta del PSOE y el PI que persigue paralizar los planes de la Autoritat Portuària y cuestionan la legalidad de sus actuaciones. Pedirán también cuentas a la alcaldesa, miembro del consejo de administración de la Autoritat Portuària, sobre la convocatoria del concurso público ante la sospecha de que llegó a votar en el consejo de administración a favor del concurso cuya legalidad comienza ahora a cuestionar.
El proyecto de reforma de la zona portuaria ha encontrado una fuerte oposición entre los vecinos y restauradores de la zona, que reclamaban desde hace años la apertura de este espacio y temen el impacto visual de las futuras estructuras.

En los escritos remitidos ahora al Ajuntament, la Autoritat Portuària deja entrever cuál será la argumentación para justificar sus planes de reforma. Se refiere al convenio firmado en 2004 como «un compromiso previo o una declaración de intenciones» y, si bien reconoce que no cabe el cobro de tasas por la ocupación porque no ha habido una concesión formal, entiende que «no puede ser gratuita».

La Autoritat Portuària sostiene que existe un «enriquecimiento injusto» a pesar de que el Consistorio presta servicios municipales en ambos espacios sin obtener a cambio ganancia alguna.