La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears tendrá que responder ante los tribunales por la paralización durante catorce años de la desclasificación de algunas áreas de encinar protegido delimitadas por el decreto 130/2001, pese a que aparentemente existen «errores cartográficos subsanables».
Los propietarios de terrenos situados en suelo rústico común llevan años solicitando una revisión del citado decreto, al entender que existen errores cartográficos subsanables en la delimitación de los encinares que, en caso de subsanarse, les permitiría edificar en sus parcelas, dado que tienen los metros de terreno suficientes para poder construir.
El abogado Juan Alemany representa a unos propietarios de Inca que, cansados de esperar un cambio que no llega, a pesar de contar con los informes favorables del Govern de les Illes Balears y también del Ajuntament, han decidido llevar a la Conselleria de Medi Ambient ante los tribunales. No obstante asegura que hay muchos casos similares repartidos por toda la geografía de la Isla.
«Muchas de las desclasificaciones tienen informes favorables de la Conselleria de Medi Ambient y del Ajuntament d’Inca y sin embargo el Consistorio no se atreve a desclasificar dichas zonas porque no encuentra ningún precepto que les de seguridad jurídica para otorgar la licencia de desclasificación», dice Juan Alemany.
Según relata el letrado, existe «una avalancha de peticiones de revisión de la delimitación de áreas de encinar protegido, una vez solicitados los preceptivos permisos en Inca». Alemany opina que «todos esos casos son defectos subsanables en vía administrativa que consideramos, por la doctrina, como errores no invalidantes y que de ninguna manera pueden paralizar su desclasificación».
Fuentes de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears admitieron este jueves que existen errores en el decreto y que «se está trabajando en su revisión», aunque por ahora no pueden confirmar si esta se producirá o no antes de las próximas elecciones.
2 comentarios
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Tot això és ridícul. El Decret d'alzinars es va aprovar l'any 2001, i vol dir que de llavors ençà ningú s'havia qüestionat res i que ara als propietaris se'ls han obert els ulls? Com hi ha gent tan abandonada?
La petició em sembla raonable, si hi ha hagut errors d'inventari. Emperò, ¿com verificar que, en certs casos, la superfície d'alzinar no ha disminuït per causes humanes? Si poden sobrar pins, en certs llocs, ens manquen alzines, i moltes.