Se trata del mismo convenio que regula la cesión de la ocupación de las antiguas piscinas de Gesa al Consistorio. El Ajuntament obtenía los derechos de utilización de ambas superficies como contrapartida por la ampliación del puerto comercial acordada en 2004, y que permitió construir la terminal de pasajeros.
Disputa
Tras seis años de disputas entre administraciones por el pago o gratuidad del uso de las antiguas piscinas de Gesa (hoy piscinas municipales) por las que el gobierno central ha llegado a reclamar al municipio un millón de euros, la Autoritat Portuària ha anunciado ahora la convocatoria del concurso público para crear y explotar nuevos amarres para embarcaciones recreativas en la dársena del antiguo polígono naval que el Ajuntament no ha llegado a ocupar. El futuro concesionario deberá pagar a la Autoritat Portuària una tasa anual de 452.598 euros anuales en concepto de ocupación y actividad.
La polémica está servida de nuevo y es que el anuncio se produce sin que se haya formalizado aún la cesión definitiva de las piscinas de Gesa al Ajuntament, algo que anunció a finales del pasado mes de noviembre el presidente de la Autoritat Portuària, Alberto Pons. Pons se mostraba entonces dispuesto a rebajar la deuda computada al Ajuntament por la ocupación de las piscinas (el Consistorio siempre se había negado a pagar alegando que se trataba de una cesión gratuita) de un millón de euros a 153.000 euros, a razón de 15.000 euros al año, y anunciaba además su intención de iniciar un proceso de desafección de las instalaciones que pasarían a ser definitivamente de propiedad municipal.
Ultima Hora trató ayer de confirmar sin éxito, tanto con la Autoritat Portuària como con la alcaldesa de Alcúdia, Coloma Terrassa, si ha habido cambios en el convenio vigente que posibiliten la salida a concurso del polígono naval sin que ello suponga una renuncia de derechos para los alcudiencs.
De uso militar a recreativo
La zona PUAS estuvo durante años ocupada por los militares. Recuperó su uso civil al inicio de la democracia. Aunque el Ajuntament intentó entonces hacerse con la propiedad, la desafección militar mantuvo la titularidad en manos del Gobierno central, esta vez, de la Autoritat Portuaria.
En convenio firmado en 2004 permitía al Ajuntament instalar allí una escuela de vela municipal una vez cerraran los astilleros. Ahora se descarta la gestión pública de este espacio.
2 comentarios
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Alberto Pons Dimisión, esta zona es del pueblo y para el pueblo.
Como siempre, a la busca de la pasta y de las comisionazas, eehhhh !??? . Mientras tanto que le den al medioambiente y a los vecinos, no?. SINVERGÜENZAS, a rendir cuentas a un tribunal !!! .