Imagen de archivo de una de las dependencias del Ajuntament de Inca. | Antoni Pol

TW
6

El malestar que generó entre los funcionarios y el personal laboral del Consistorio inquer una subida de sueldo a un grupo reducido de trabajadores ha llegado a tal punto que el alcalde, Rafel Torres, ha accedido a la solicitud de los propios empleados y contratará a una empresa externa con tal de auditar la carga de los puestos de trabajo públicos. Se trata de determinar si desarrollan trabajos de categoría superior a su puesto y si merecen cobrar un plus o complemento.

Esta auditoría externa la pidió el cuerpo de funcionarios a Torres en una reunión mantenida la semana pasada. El lunes, el grupo de cinco funcionarios –el secretario, la antigua TAG, un auxiliar de Administración, el letrado de Urbanismo y el tesorero– a los que se incrementó el sueldo 700 euros (por mayor carga de trabajo) registraron un escrito dirigido al alcalde en el que reclaman, entre otras demandas, esa auditoría.

Renuncia

En su escrito, los cinco trabajadores renuncian al complemento ya que, si bien lo ven «justo», creen que «supone un obstáculo insalvable para el buen funcionamiento del Ajuntament». Hasta que no se disponga de la auditoría, proponen suspender temporalmente el abono del complemento de productividad a funcionarios y personal laboral, que se suspenda el pago de las horas extraordinarias que se pagan periódicamente sin cumplir determinados requisitos, que se suspendan el catálogo y relación de puestos de trabajo de la Policía Local (aprobado en diciembre) y «la declaración de situación de segunda actividad» de una plaza de mayor de la Policía. También piden suspender la promoción interna.

Para ganar un «mayor control del cumplimiento del horario», los trabajadores mencionados solicitan la supresión del horario flexible, el control de las salidas y las entradas, que «todos los funcionarios estén obligados a fichar cada movimiento de entrada y salida», que los que salen habitualmente por trabajo justifiquen donde han estado, que se cumpla el tiempo de descanso y de merendar y que se tomen medidas disciplinarias en caso de incumplimiento. En el escrito se recogen otras demandas que ponen todavía más de manifiesto la desconfianza entre los trabajadores públicos.

Torres dijo que estudiará el escrito, pero descartó algunas de las demandas. Recalcó asimismo que el conflicto «no afecta negativamente al funcionamiento del Ajuntament».