Los respresentantes del PSIB, Beatriz Gamundí, Jaume Garau y Àngela Perelló en el centro de día de Santa Margalida.

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El PSIB ha asegurado este martes que los ayuntamientos de la Isla se tendrán que hacer cargo de las 500 personas que no cobrarán la Renta Mínima de Inserción (RMI) durante esta Navidad por la «falta de tramitación» del Consell de Mallorca.

Los socialistas han explicado que el Consell de Mallorca no ha tramitado los 250 nuevos expedientes, ha señalado el portavoz socialista en la institución insular, Jaume Garau, quien ha dado una rueda de prensa en Santa Margalida, donde 16 familias tendrán que vivir sin esta prestación hasta finales de enero, cuando se empiecen a tramitar sus casos.

Garau cree que es una incongruencia porque «por una parte es un gasto que tendrán que asumir los ayuntamientos mientras que, por otro lado, el Govern les quita competencias». De hecho, el gasto de las necesidades que tengan las familias que han solicitado esta renta lo asumirán los ayuntamientos que tengan voluntad política de hacerlo, con lo que mucha gente podría quedar desamparada hasta que el Consell de Mallorca empiece a otorgarlas.

En concreto, son 150 expedientes que el Consell tenía que haber aprobado el pasado mes de septiembre, y 100 más que tendrían que haber empezado en noviembre y que la Conselleria de Bienestar Social ha retrasado hasta enero. «Ahora lo que importa es la recuperación económica y se deja de lado la recuperación de los más necesitados», ha dicho Garau.

Por todo ello, el PSIB ha registrado una moción de urgencia para que sea debatida en el pleno de este jueves del Consell de Mallorca, en la que insta a la institución a tramitar y abonar las nuevas solicitudes de RMI antes de Navidad.

Por su parte, la portavoz socialista de Santa Margalida, Bea Gamundí, ha señalado que nadie ha informado formalmente de este retraso a los servicios sociales municipales pese a ser una situación «que ya se dio hace dos años».

Además, Gamundí ha insistido en que esta situación se agravará el próximo año porque «muchas personas agotarán esta prestación y se quedarán sin ningún tipo de ingreso o ayuda». Todo esto mientras en la anterior legislatura la RMI no tenía límite de plazo de cobro, recuerda el PSIB.

Según la portavoz, esta situación de emergencia social se da «por la falta de voluntad política por parte de la consellera de Bienestar Social, Catalina Cirer» y, por ello, le pide que rectifique y tramite estos nuevos expedientes antes de final de año.

En Santa Margalida son 16 las familias que se quedarán sin cobrar esta ayuda, mientras que 470 personas viven bajo el umbral de la pobreza. «Ahora vemos a los políticos del PP predicando solidaridad en muchos actos, mientras que acciones reales como es la renta mínima no la predican», ha apuntado.

Finalmente, Gamundí ha puesto de manifiesto que las viviendas sociales del Ibavi en Santa Margalida están vacías «porque tienen el mismo precio que el alquiler de mercado», lo que obliga a los servicios sociales de Santa Margalida a pagar al Instituto Balear de la Vivienda estos alquileres que no pueden abonar los usuarios.