La cifra en cuestión contempla la contratación de servicios jurídicos, procuradores y también los honorarios de ingenieros de caminos y minas que han tenido que redactar el proyecto de restauración del camino principal que conduce hasta el Santuari de Consolació.
Hay que recordar que los hechos se remontan al verano de 2007 cuando una parte de la carretera que sube a Consolació se desplomó. Las causas fueron la cesión de un talud de grandes dimensiones a causa de la actividad de la cantera propiedad de la familia del regidor de la oposición, Gabriel Vidal (Convergència). En ese momento, el Ajuntament ordenó la paralización y la clausura de la cantera, así como la reparación del camino de acceso al Santuari.
Polémica
A partir de ese momento se inició una guerra entre el equipo de gobierno del PP y la familia Vidal. El Ajuntament interpuso un contencioso contra la propiedad al entender que el proyecto de reforma presentado por la cantera no cumplía con las condiciones de seguridad, además de prever la posibilidad de continuar explotando la actividad durante un máximo de ocho años antes de reconstruir el camino.
Durante el proceso de los cinco contenciosos, la cantera sa Creu ha sido sancionada con dos multas de 17.500 euros de las que el Consistorio dice solo haber cobrado una. La última sentencia obliga a la propiedad a reparar el camino principal hasta el Puig de Consolació.
La polémica ha sido tal que el alcalde Llorenç Galmés ha visitado todos los núcleos del municipio, informando del estado de la situación jurídica.
1 comentario
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Cuando nos sentamos en el bar a debatir de cosas que nos son ajenas, no tenemos ningún problema en admitir los hechos que sean necesarios, pero cuando se trata de un buen puñado de euros la cosa cambia y la razón se convierte en sinrazón. A mi entender la cosa está muy clara, un particular se está lucrando con un negocio que le reporta unos beneficios. Pues bien, si a cuenta de esa actividad se rompen cosas, pues se arreglan o se cesa la actividad con las correspondientes sanciones que LA LEY disponga. Todo lo que se sale de ahí es marear la perdiz y engañar a los vecinos. Esos 71.000 euros, sin comerlo ni beberlo, salen del bolsillo de los habitantes del municipio de Santanyi y, de donde deberían salir, es de los bolsillos de los que se han cargado la carretera para su propio beneficio. Asi pues, ya está bien de tantos "dois" y, al César lo que es del César, y a Santanyi lo que es suyo. He dit¡¡