Més per Inca pide que los 626.000 euros que ha recuperado recientemente la fundación Alzina gracias a una sentencia judicial sirvan para pagar las obras necesarias para evitar que las cases de Son Bordils se acaben convirtiendo en una ruina irrecuperable. Esta fundación es la propietaria de Son Bordils, un conjunto arquitectónico de alto valor que figura en el catálogo de patrimonio municipal.
Como publicó este periódico, la Audiencia Provincial dictó hace dos semanas una sentencia que obliga a la entidad Banesto a reintegrar los 626.000 euros que la fundación había invertido en participaciones preferentes Lehman Brothers. La Audiencia estimó que Banesto no había informado correctamente sobre ese producto financiero tóxico.
A raíz de esa sentencia, pues, Més insta ahora al Ajuntament d'Inca a comprobar que la fundación efectivamente dispone de los recursos para acometer las obras de rehabilitación, y por lo tanto a emplazar a cumplir la orden de ejecución dictada», en palabras de Andreu Caballero, regidor de la coalición econacionalista. Si la fundación no hiciera la reforma, «que la acometa el Ajuntament y les pase luego la factura», reclama Caballero.
El Consistorio dictó hace dos años esa orden de ejecución, pero aun no se ha materializado. De hecho, la fundación la recurro ante la Justicia, y el contencioso todavía no se ha resuelto.
Asimismo -informó Caballero- la fundación alegó contra la orden de ejecución que no tenía dinero para las obras. reforma. Ahora se sabe que se ha dictado una sentencia (recurrible) que dice que le corresponden 626.000 euros. Caballero también recordó que un informe del celador de Inca valoraba en unos 500.000 euros el coste de la reforma.
Actualmente la fundación estaría negociando la posible compraventa de las cases .
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