La nueva plaza de Santa Maria la Major de Inca se construyó a finales de la década de los noventa. | Teresa Ayuga

TW
17

Un ciudadano de Inca -el padre del exregidor de Hacienda de Inca, Lluís Ferrari (PP)-, registró el miércoles en el Ajuntament un escrito mediante el cual reclama el pago de 310.000 euros y unos 150.000 más en concepto de intereses en virtud de un convenio firmado entre ambas partes en 2005 y que fue prorrogado en el año 2009, precisamente cuando Ferrari era el máximo responsable político de las arcas públicas de Inca. El Ajuntament no había presupuestado para este año el pago de los 460.000 euros.

Se trata de un caso algo complejo cuyo origen está en la nueva urbanización de las plazas de Santa Maria la Major y l'Orgue, efectuada a finales de los años 90. Para poder ejecutar dicha urbanización, el Ajuntament expropió una casa del padre de Ferrari. El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa valoró la finca mencionada en 20,4 millones de pesetas (poco más de 120.000 euros), pero el propietario se mostró disconforme y apeló primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que rechazó el recurso, y después ante el Supremo, que lo estimó en parte. El año 2005, una nueva valoración del Consistorio acorde con la sentencia del alto tribunal ascendió a 309.000 euros el precio de la expropiación.

Ese mismo año, el propietario y el Ajuntament firmaron un convenio según el cual el municipio, en lugar de pagar en euros, cedería antes de 2009 al padre de Ferrari un solar de 1.800 metros cuadrados en el tercer polígono industrial de Inca. En 2009, sin embargo, y siendo Ferrari el máximo responsable político de Hacienda de Inca, el polígono no estaba todavía construido, motivo por el cual se acordó prorrogar el convenio otros tres años, hasta 2012. Pero el polígono tampoco estaba entonces hecho, por lo que el padre de Lluís Ferrari reclama ahora el abono de los 309.000 euros de la expropiación más los intereses, que ascienden a algo más de 150.000 euros.

Cabe mencionar que los intereses acordados entre las partes en el convenio oscilan entre el 6 y el 7,5 por ciento, según el año. Del 2009 hasta 2013 se estipularon en el 6 por ciento. El coste de los intereses que deberá pagar el Consistorio por estos últimos cuatro años (desde que se renovó el convenio hasta la actualidad) asciende, pues, a unos 80.000 euros.

El portavoz oficial y teniente de alcalde del Ajuntament d'Inca, Felip Jerez (PP), reconoció que el pago de los 460.000 euros del convenio con el ex regidor no se había contemplado en el presupuesto municipal para este año. Sin embargo, indicó también que el Consistorio «estudiará la manera de hacer frente» a la liquidación del mismo.