Reunión del patronato de Lluc celebrada ayer. | Elena Ballestero

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Los afectados por el cap de fibló que en septiembre de 2012 arrasó buena parte del municipio de Escorca, causando daños millonarios en fincas, explotaciones agrarias, comercios y en el Santuari de Lluc (en este último por valor de un millón de euros), podrán ahora beneficiarse de una línea de ayudas del Ministerio de Presidencia del Gobierno Central, pensada para paliar los daños derivados de catástrofes naturales.

El Ajuntament d'Escorca ha convocado esta tarde a todos los perjudicados por el cap de fibló para informarles de los trámites que deben seguir para poder beneficiarse de esta línea de ayudas. Toda la documentación deberá estar cumplimentada y entregada antes del día 14 de agosto.

La Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprobaron las medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas, no habían incluido inicialmente el municipio de Escorca como posible beneficiario, pero el Gobierno central aprobó el 31 de mayo el Real Decreto 389/2013 que amplía el ámbito de aplicación de la Ley a varios municipios de Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Valencia y a Escorca, en el caso de Balears .

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El texto recuerda que «en el municipio de Escorca, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, el 12 de septiembre se produjo un tornado que causó daños en viviendas y en diversas dependencias públicas y privadas».

El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas (PP), explicó ayer que esta nueva línea de ayudas, de la que les informó la Delegación de Gobierno, no implica la declaración de Escorca como zona catastrófica pero abre la posibilidad de que los propietarios de viviendas, extensiones agrícolas, comercios y también el Santuari, puedan obtener ayudas específicas.

Desde un primer momento el Ajuntament descartó solicitar la declaración de Escorca como zona catastrófica al entender que complicaría aún más el cobro de las indemnizaciones de seguros privados.

Solivellas estima que aproximadamente una veintena de propietarios podrán acogerse ahora a las ayudas que establece el Real Decreto. Se contemplan subvenciones, exenciones de impuestos, reducciones fiscales, líneas preferenciales de crédito y actuaciones de reforestación.