El Govern de les Illes Balears no prevé hacer frente al 75 por ciento del coste de demolición de los chalés adosados ilegales del caserío de Ruberts, tal y como exige el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (CxI), aferrándose al precedente de ses Covetes; donde el Ejecutivo autonómico ha sufragado el mismo porcentaje sobre el coste total del derrumbe de los 68 apartamentos construidos al margen de la ley, pese a contar también con una licencia urbanística otorgada por su respectivo ayuntamiento, y sobre los que pesaba igualmente una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
El conseller balear de Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, manifestó ayer a este diario que, de momento, no se plantea acceder a las exigencias de Verd y que, si su departamento -a través de la dirección general de Arquitectura i Habitatge- costeó tres cuartas partes de la demolición de las construcciones levantadas de forma irregular sobre el litoral de Campos, fue porque, debido a su proximidad a las playas vírgenes de Es Trenc, estos inmuebles afectaban negativamente a la imagen turística de toda la comunidad autónoma. «La mala imagen de ses Covetes traspasaba el municipio de Campos», indicó el conseller Company.
Por su parte, alcalde de Sencelles se reunió el martes con los portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlament para solicitarles el compromiso de instar al Govern a pagar la demolición de los adosados de Ruberts. Aunque Verd reconoció que es injusto que, con los impuestos de todos los ciudadanos de Balears, el Ejecutivo de Bauzá tenga que hacerse cargo de los gastos derivados de una infracción urbanística cometida por un Consistorio en concreto; el alcalde también advirtió de que el precedente de ses Covetes le obliga a solicitar para Sencelles (término municipal al que pertenece Ruberts) el mismo trato dispensado por el actual Govern al Ajuntament de Campos y el de Francesc Antich al de Deià con el derribo, durante la pasada legislatura, de los chalés, también construidos de manera ilegal, en Llucalcari. «El Govern debe tratar por igual a todos los municipios, no puede haber mallorquines de primera y de segunda. Se trata de una cuestión de justicia y de derechos», protestó el martes Joan Carles Verd en la Sala de los Pasos Perdidos del Parlament.
9 comentarios
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"Torrente" tan contento, la que ha armado. Todos saben que el comenzo el mal rollo contra sus vecinos.
Las demoliciones por causa de licencias de obras contrarias a derecho deben correr a cargo del que otorgó la licenia. Así, de esta forma, se acabarían, de una vez por todas, las golfadas del Alcalde de turno.
NO ESTIC D`ACORD, si TOTS PAGAM l`esbucament de les COVETES (PROMOTOR P.P.) TAMBE HEM DE PAGAR EL DESASTRE D`ALTRES LLOCS (NO P.P.)..tots iguals devant la llei..( i no tenc cap gana de pagar res de res dels desastres que han fet els politics de torn, perque avui començ una feina de cambrer i som enginyer...puaffffffffffffffffff
subvencionar de manera improcedent als ajuntaments afins al govern del PP, fa oi i es un escandol. Si la fiscalia de Balears no ho persegueix es per que també té afinitat politica amb el PP.
Qui governa a Campos? I a Escorca? I a Sencelles?...
Està clar que els ciutadans de Balears no han de pagar els costos d'aquets xalets de Ruberts, i el batle també ho pensa així. Però en el moment en que el govern ençata el melo donant subvencions a Campos i Llucalcari, doncs es normal que tothom vulgui el mateix tracte. Sinó s'està fent agravis comparatius entre els ciutadans de Balears.
El coste de la demolición de las obras declaradas ilegales, por haber concedido el Ajuntament una licencia de obras contraria a derecho, debería ser a cargo del Alcalde de turno que la otorgó, por irresponsible. Porque se supone que este tipo de cosas no se hacen o se dan de forma gratuita, sino a cambio o como contraprestación de algo.
Ahora resulta que para limpiar lo que se construyó mal , no tenemos mano de obra ,, púes aquí va una solución buena los que cumplen condena por fastidiar Mallorca , que la limpien y que paguen trabajando , lo que vale mantenerlos, podríamos tener una Mallorca limpia , como los chorros del oro con tanto vividor.
Problema: el Govern de cap manera estava obligat a pagar les demolicions de Llucalcari i de ses Covetes. Tot i que siguin casos semblants, tampoc hi ha cap obligació de fer-ho amb Ruberts, així que res no pot exigir-li Sencelles. Una altra qüestió és l'actual descontrol de com donen les llicències els ajuntaments, però aquí no hi voldrà entrar ningú, per por de sortir-ne esquitxat.