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Propietarios de Formentor recurren al Supremo para frenar la urbanización

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El Ajuntament de Pollença acaba de nombrar un procurador para que defienda ante el Tribunal Supremo los cambios que introdujo el Consistorio en su normativa urbanística en 2008 y que contribuyeron a desbloquear la urbanización Formentor condicionando la ampliación del hotel a la previa cesión de zonas verdes y viales de toda la zona.

La falta de acuerdo entre los propietarios para desarrollar la urbanización (era necesario que un 60 por ciento de los propietarios del 60 por ciento de los terrenos estuvieran de acuerdo para aprobar el pertinente proyecto de urbanización) había impedido durante años que se concedieran nuevas licencias en Formentor. Los que ya disponían de viviendas no eran partidarios de favorecer la construcción de más solares especialmente si ello implicaba un reparto de los costes de urbanización.

Condiciones

Con la nueva normativa el Ajuntament condicionaba la ampliación y reforma del hotel al desarrollo del resto de la urbanización obligando a la cesión de las zonas verdes, viales y el aparcamiento y a su dotación de servicios, cuestión que resultó decisiva para forzar un acuerdo entre Inmobiliaria Formentor y el resto de propietarios hasta sumar el 60 por ciento de los terrenos. Finalmente en enero de 2011 registraron en el Ajuntament los estatutos de constitución de la primera junta de la urbanización y el pertinente proyecto de dotación de servicios acabando con años de bloqueo.

Los propietarios de solares ya edificados alegaron contra el nuevo sistema de ejecución de la urbanización aprobado en 2008 al entender que vulnera el principio de equidad.

Hasta ahora los jueces han venido dando la razón al Ajuntament y el caso llega ahora al Tribunal Supremo agotando el último recurso judicial.

No es el único contencioso pendiente que afecta a la urbanización Formentor. Un vecino de la urbanización, el mismo que denunció al empresario Alfonso Cortina, por excederse en la construcción de su segunda residencia, también puso un contencioso contra el cambio de normativa de 2008.

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