El PP no respondió a las preguntas, pero tuvo que aguantar «estoicamente» una hora y media duras críticas de la izquierda.

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El alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), reveló ayer que el Ajuntament, por ahora, «no ha decidido personarse como acusación particular» en el juicio contra el joven que en el mes se septiembre inutilizó 14 parquímetros de la ciudad y prendió fuego a su coche particular. El alcalde insistió en que no será hasta que la investigación termine de esclarecer las «lagunas» de este caso, como «si hubo o no algún inductor o alguien más tras el autor de los hechos, que se decidirá si nos presentamos como acusación o como parte perjudicada».

La oposición (Entesa, Progressistes y PSOE) que había forzado el pleno de ayer para, entre otros temas, pedir que los abogados del Consistorio pidieran «penas que garanticen la reinserción social y la rehabilitación» del autor confeso, aceptó la petición de Simarro de retirar este punto del orden del día, con el compromiso de que «cuando se realice el juicio podremos tratar de nuevo este asunto».

Cámara

Durante el pleno extraordinario, que el PP había convocado por imperativo legal, el equipo de gobierno tuvo que aguantar una hora y media de duras críticas sobre los otros dos temas que formaban parte de la orden del día. El primero de ellos hacía de nuevo referencia a la polémica videocámara desactivada por Albaïna a mediados de septiembre. En este caso el portavoz del PSIB-PSOE, Josep Lluis Colom fue especialmente duro con Simarro y su equipo. Colom elevó el tono al exigir al PP «más respeto a los ciudadanos» y al recordarle que «si desde el principio hubieran seguido el procedimiento legal ahora no estaríamos aquí», después que el portavoz del PP, Miquel Bestard lamentara que se convocara un Pleno para una cuestión. Colom acusó también al PP de haberse «radicalizado» y de «considerar enemigo a todo el que no acepta su punto de vista».

Más incisiva fue la concejala de Progressistes, Catalina Esteva, al asegurar que «si la explicación que da el PP a estos hechos es la que dió a la prensa -que contaba con informes que lo avalaban- «la respuesta es que «o podía hacerlo y por lo tanto, al ser una decisión exclusivamente política del concejal de Gobernación, éste debería decidir si dimite o si pide perdón, al margen de posibles responsabilidades penales». Miquel Gual (Entesa) recordó al PP que «han violado el derecho a la intimidad».

La oposición también pidió explicaciones sobre la reciente sentencia, que anulaba la concesión del servicio de aguas a Aqualia. El PP también zanjó la cuestión por ser «un tema jurídico sobre el que no nos pronunciamos hasta que se confirme o anule definitivamente la sentencia».