La cantera de Son Corb, donde se prevé instalar la planta asfáltica. | C. MORENO

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La Ley 4/2010 de medidas urgentes para el impulso de la inversión de las Illes Balears, aprobada la legislatura pasada, ya facilitaba, según los actuales responsables del Govern, la tramitación de la licencia para abrir la planta asfáltica de Son Corb en Sineu.

Así lo confirmaron ayer fuentes de Vicepresidència Econòmica y de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que niegan tajantemente que un cambio de normativa reciente (bien la denominada 'ley Company' o la Ley de Medidas Urgentes de Reactivación Económica) haya facilitado dicha tramitación.

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El pleno del Consell de Mallorca debate hoy una moción del PSM-IniciativaVerds-Entesa que insta a las administraciones que tienen que resolver las autorizaciones pertinentes a «denegar la implantación de la planta en base a su impacto visual y medioambiental y a los perjuicios para la flora y la fauna de los ecosistemas de alrededor». El conseller del PSM-IniciativaVerds-Entesa, Joan Font y el regidor de Independents de Sineu, Miquel Gelabert, aseguraron el martes en rueda de prensa que la moción respondía a la inquietud que ha generado la 'ley Company' que según su parecer «facilita» la tramitación de los permisos para la planta asfáltica.

Si bien es cierto que la ley de medidas urgentes para un desarrollo sostenible (conocida popularmente como 'ley Company') amplía el concepto de interés general en el punto 4 de su artículo 18, el director general d'Ordenació del Territori, Joan Mesquida, aseguró ayer que se refiere exclusivamente a actividades rurales que implican un desarrollo económico importante como pueda ser una bodega o incluso un campo de golf pero no actividades industriales como una planta asfáltica en una cantera. La actividad de las canteras viene regulada por el reglamento general de minería que modificó en algunos aspectos la Ley 4/201.

Así las cosas, el debate de hoy en la institución insular puede convertirse en un cruce de acusaciones que concluirá previsiblemente con un manifiesto de apoyo al Ajuntament de Sineu que ya aprobó en diciembre por unanimidad el rechazo a la planta pero que si no encuentra un resquicio legal al que agarrarse, antes o después dará licencia.