El recinto deportivo con una piscina y varias pistas de tenis, entre otras áreas, permanece abierto.

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La empresa concesionaria del polideportivo de sa Comuna de Lloret ha presentado esta misma semana una denuncia en los juzgados de Inca contra el alcalde de la localidad, Joan Jaume (PP), por presunta «prevaricación administrativa».

El litigio entre ambas partes, Ajuntament de Lloret y concesionaria, a nombre de Maria Ferrer, ha llegado a tal situación que los actuales concesionarios del recinto polideportivo del municipio han decidido acudir a los tribunales y denunciar al alcalde. En la denuncia, Ferrer hace referencia a los intentos por parte del Ajuntament de cambiar las cerraduras del recinto deportivo por lo que solicitan una multa. A la vez por la presunta «prevaricación administrativa» la parte denunciante considera que puede suponer «una inhabilitación por cargo público por un tiempo de siete a diez años». Y es que consideran que el alcalde actuó «a sabiendas de su injusticia», conociendo en todo momento las resoluciones judiciales que no le permitían proceder al cambio de las cerraduras de sa Comuna.

Pagos

Dicha acusación directa contra el alcalde del municipio llega después de varias denuncias y acusaciones entre ambas partes. El Ajuntament reclama el pago de los gastos de corriente eléctrica del recinto, alrededor de los 1.200 euros, así como el pago del canon de 200 euros mensuales que el consistorio señala que lleva meses sin cobrar.

Por su parte, la concesionaria del recinto manifiesta que es el actual equipo de gobierno municipal quien «indebidamente intenta hacer valer la finalización del plazo inicial del contrato». Y les adeuda «las cantidades que nos corresponden por los precios y tasas que los usuarios pagan ya que así se acordó en su día, primero un 50 por ciento y desde el 2010 un 100 por cien». Estos últimos días, los representantes de la concesionaria también han recibido la reclamación de la Agencia Tributaria del pago de 41.000 euros, una cantidad que según señalan no les corresponde pagar a ellos, ya que no son los propietarios del recinto. También han recibido la visita de la inspección de trabajo, sin encontrar problema alguno.

Pese a todo ello, las actividades de campamentos y la utilización de la piscina o las otras pistas deportivas siguen con normalidad.