Elena BallesteroSanta Margalida, Mallorca01/07/12 0:00
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El Ajuntament de Santa Margalida acaba de obtener, tras un largo periplo administrativo y judicial, la orden de ejecución para desmontar una grúa de grandes dimensiones instalada hace aproximadamente siete años en es Pou de sa Garriga y que amenazaba con caer. La promotora presentó concurso de acreedores. La empresa instaladora no necesita la grúa para otra promoción debido a la caída de la demanda y, dado el elevado coste del desmontaje y las dificultades de cobro, la mantiene en su ubicación original.

El Ajuntament tendrá que pagar ahora cerca de 8.000 euros para desmontar la grúa que se almacenará en el depósito municipal a la espera de que su propietario la reclame. El Ajuntament se pondrá a la cola de la lista de acreedores de la promotora para intentar recuperar la inversión.

No es un caso único, los efectos del boom y de la posterior crisis de la construcción causan estragos en el municipio. Edificios a medio construir o a medio derribar, sótanos inundados, paredes que ceden, grúas instaladas indefinidamente pese a los informes que alertan del riesgo...

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Antoni Reus, se marcó como prioridad a su llegada al Consistorio, hace ahora un año, garantizar la seguridad de sus vecinos atajando con la mayor celeridad posible un problema que crece con la crisis.

«Es un proceso muy lento, se notifica a la empresa la situación de peligrosidad pero muchas ya han desaparecido. Hay que publicar las notificaciones en el Boib y se alarga el proceso. Se notifica la orden de retirada, la ejecución subsidiaria y finalmente hay que pedir la autorización judicial para entrar en el domicilio», explica Reus, que inició en julio de 2011 el proceso para retirar la grúa que concluye ahora.