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«Os pido que la asistencia a la procesión de la Beata del president del Govern se lleve a cabo en las mismas condiciones que otros años, sin limitar el derecho de tránsito de la ciudadanía, aunque entiendo que si pensáis que no tiene que ser así nos tendremos que plantear, muy a desagrado nuestro, no invitar al presidente del Govern de les Illes Balears a la procesión. Lo lamentaríamos pero el pueblo y sus derechos están por delante de la asistencia del presidente que ese día lo representa». Así concluye la misiva que el alcalde de Santa Margalida, Miquel Cifre, remitió ayer al presidente del Govern de les Illes Balears, José Ramon Bauzá, misiva de la que dio cuenta en el pleno celebrado el martes por la noche.

En la carta, Cifre traslada al presidente «la preocupación de la gente como consecuencia del extraordinario despliegue de fuerzas motivado por su visita en calidad de presidente del PP (celebrada el 15 de marzo), durante la que se impidió el tránsito por la plaza de la Vila a los vecinos de Santa Margalida que no fueran militantes o simpatizantes reconocidos del PP».

Cifre recuerda que «en Santa Margalida, como se pudo comprobar aquel día, somos un pueblo pacífico» y advierte a Bauzá de que «los vecinos no consentirían volver a verse privados de sus derechos el día de la Beata como consecuencia de las limitaciones de tránsito motivadas por vuestra asistencia».

Por otra parte el alcalde, Miquel Cifre, ya ha recibido respuesta escrita a la carta que remitió la pasada semana a la Delegación de Gobierno pidiendo explicaciones sobre el despliegue de seguridad efectuado con motivo de la visita de José Ramón Bauzá al municipio.

Delegación

El delegado de Gobierno, José María Rodríguez, informa al alcalde de Santa Margalida, Miquel Cifre, de que el «apoyo de seguridad» efectuado el 22 de mayo «se hizo en base a lo preceptuado por la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». «Le significo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán y velarán en todos los casos para garantizar y mantener las libertades de todo ciudadano adecuando el número de efectivos y las medidas a desarrollar a la situación y circunstancias existentes en cada caso», añade el escrito.